Un año después del derrocamiento del dictador Bashar al-Assad en Siria, la vida de Amina Beqai sigue marcada por la incertidumbre. Cada día introduce el nombre de su esposo desaparecido en internet, repitiendo la misma búsqueda iniciada hace trece años, sin obtener respuesta alguna ni rastro que alivie su angustia.
Sin más opciones ni instituciones confiables, Beqai continúa sola. La Comisión Nacional para las Personas Desaparecidas, creada en mayo, ha reunido información sobre desapariciones forzadas durante el régimen de Assad, pero aún no ha ofrecido a las familias señales sobre las 150.000 personas que se perdieron en las prisiones del dictador.
Entre ellas están Mahmoud, el marido de Beqai, detenido por fuerzas de seguridad el 17 de abril de 2012 cerca de Damasco, y su hermano Ahmed, arrestado en agosto del mismo año. La caída del régimen había despertado la esperanza de conocer la suerte de los prisioneros y recuperar cuerpos enterrados en fosas comunes. Nada de eso se ha concretado.
“Ha pasado un año. No hicieron nada. ¿Es posible que ni siquiera consiguieran los documentos de estos hombres? Mostrarnos la verdad es lo que queremos”, declaró Beqai a Reuters.
Durante el avance rebelde hacia Damasco, las cárceles fueron las primeras en ser abiertas. Miles de reclusos confundidos salieron de las celdas, liberados tras años de encierro. El 8 de diciembre de 2024, horas después de que Assad escapara a Rusia, decenas fueron liberados de Sednaya, conocida como “el matadero humano” por Amnistía Internacional.
Ninguno de los familiares de Beqai apareció entre los liberados. “Cuando las prisiones estaban abiertas y no volvían – ese fue el shock. Fue entonces cuando la esperanza terminó, realmente murió”, expresó la mujer, que exige saber cómo, cuándo y dónde murieron su esposo y su hermano.
Ante el silencio de la comisión, Beqai se declaró “obsesionada” con su búsqueda en línea. Examina fotografías de detenidos muertos y revisa documentos filtrados tras la caída de Assad. “Solo queda sentarse y buscar”, aseguró.
Los archivos hallados ofrecen datos reveladores. Sarah al-Khattab, del sur de Siria, vio por última vez a su esposo Ali Mohsen al-Baridi el 9 de febrero de 2019, cuando acudió a una comisaría para reconciliarse con el gobierno. Desde ese día no ha recibido noticias.
Un registro de Sednaya revisado por Reuters tras el colapso del régimen incluía su nombre, con fecha de muerte el 22 de octubre de 2019. La causa registrada fue “pulso y respiración detenidos”, y se ordenó que el cuerpo no se entregara a su familia. Reuters compartió la información con el Centro de Justicia y Responsabilidad Sirio, que luego notificó a Khattab.
El nuevo presidente, Ahmed al-Sharaa, exlíder rebelde, creó la comisión. Su portavoz, Zeina Shahla, explicó a Reuters que la entidad abarca a todo sirio desaparecido. “Cuando se trata del dolor de las familias, quizá realmente vamos lentos. Pero este expediente necesita avances con cuidado, de una manera científica y sistémica y sin prisas”, dijo.
La comisión planea publicar el próximo año una base de datos con todos los desaparecidos usando documentos de prisiones. Las exhumaciones de fosas comunes requerirán más experiencia y podrían demorarse hasta 2027, señaló Shahla.
El organismo firmó en noviembre acuerdos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, con el fin de mejorar la capacitación de su personal y obtener equipos especializados, como laboratorios para análisis de ADN de restos exhumados. “Damos la bienvenida a cualquier tipo de cooperación y apoyo que podamos recibir, siempre que el asunto siga bajo la autoridad de (nuestra comisión)”, afirmó Shahla.
No obstante, organizaciones de derechos humanos critican el enfoque centralizado del gobierno, al que acusan de excluir a quienes trabajaron en desapariciones durante el exilio. Según seis grupos, esa exclusión ha frenado el progreso y mantiene a las familias en la incertidumbre.
“Cuando tienes hasta un cuarto de millón desaparecido, no puedes hacer eso. Dividís el trabajo”, declaró Ahmad Helmi, activista sirio y líder de la iniciativa Taafi, centrada en detenidos y sobrevivientes. Otros acusan a la comisión de “monopolizar” los archivos de detención.
En septiembre, las autoridades arrestaron brevemente a Amer Matar, fundador de un museo virtual sobre experiencias carcelarias, por supuestamente acceder a documentos oficiales sin autorización. En noviembre, la comisión advirtió a las familias que no confiaran en archivos difundidos en internet y amenazó con acciones legales contra los medios que los publicaran.
“La comisión quiere monopolizar el expediente, pero carece de las herramientas, la competencia y la transparencia. Exige la confianza de las familias, pero no da resultados”, denunció Matar.
Shahla respondió que la comisión es “el organismo central y oficial autorizado para revelar el destino” de los desaparecidos, y que las familias necesitan una única fuente de información fiable.
Agnes Callamard, directora de Amnistía Internacional, instó a la comisión a informar periódicamente sobre sus avances y a ofrecer apoyo económico a los familiares. “Lo más importante . la comisión nacional que puede hacer en este momento es asegurarse de que las familias sientan que son escuchadas y apoyadas”, declaró a Reuters.
A un año del fin del régimen de Assad, Siria sigue enfrentando la misma sombra que lo caracterizó: la ausencia de respuestas. Alia Darraji perdió a su hijo Yazan el 1 de noviembre de 2014, cuando salió de casa en las afueras de Damasco y nunca regresó.
Durante el último año, la anciana ha participado en “tiendas de la verdad”, encuentros públicos para exigir información sobre los desaparecidos, antes impensables bajo Assad. Aunque la compañía de otras madres le brinda consuelo, su pena sigue intacta. “Esperábamos encontrar sus cuerpos, enterrarlos o averiguar dónde están”, expresó Darraji.