El proyecto de ley impulsado por la diputada Zvika Fogel, del partido Otzma Yehudit, recibió el respaldo del gobierno este domingo. Dicha ley permitiría a la policía acceder a los sistemas informáticos de sospechosos mediante órdenes secretas, aunque excluye los dispositivos de políticos acusados de corrupción.
De acuerdo con la propuesta, los jueces de tribunales de distrito tendrán la autoridad para aprobar órdenes de intrusión secretas a petición de altos funcionarios policiales. Esto sería posible si se considera que la búsqueda es necesaria para investigar o prevenir un delito grave, y si se cree que la investigación fracasaría si se realiza abiertamente.
El aval del Comité Ministerial de Legislación implica que el gobierno apoyará la medida cuando llegue a la Knéset, donde deberá superar tres lecturas antes de convertirse en ley.
Estas órdenes secretas tendrán una validez de 30 días y se concederán únicamente en casos en los que el delito implique una pena de prisión de al menos 10 años. Además, los tribunales podrán imponer restricciones en el uso de los datos recolectados.
Tras la aprobación del comité, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y presidente de Otzma Yehudit, afirmó que el fiscal general Gali Baharav-Miara ha impedido a la policía utilizar herramientas esenciales para combatir el crimen. Por su parte, Fogel destacó que esta ley será “una herramienta crucial en la lucha contra el crimen y el terrorismo”.
En la actualidad, la policía tiene autorización para intervenir comunicaciones como llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero no puede acceder a datos almacenados en dispositivos. La Dra. Tehilla Shwartz Altshuler, experta en privacidad, subrayó que la legislación vigente no permite extraer información preexistente de computadoras o móviles.
Un informe del Ministerio de Justicia publicado en 2022 rechazó las denuncias de uso ilegal de software espía por parte de la policía, señalando que las actuaciones de los agentes fueron mayormente acordes a la ley. No obstante, el mismo informe reveló que la policía excedió varias veces los límites de las órdenes cibernéticas que recibió.
Desde entonces, el uso de programas espía por parte de la policía ha sido suspendido, mientras se desarrolla una nueva legislación para regular su empleo. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha estado elaborando su propia propuesta legislativa para reautorizar el uso de esta tecnología.
Gobierno respalda proyecto de ley
A pesar del apoyo gubernamental al proyecto de ley, varios miembros del gabinete han mostrado su rechazo a permitir el uso de software espía contra políticos en casos de corrupción. Esta oposición ha ocasionado retrasos en la aprobación de la legislación, que aún se encuentra en discusión.
El proyecto de ley respaldado el lunes por los ministros se basa en una propuesta anterior que fue suspendida por el gobierno. Esta nueva versión limita su aplicación a delitos graves que conllevan penas de 10 años o más de prisión, lo que ha generado alivio entre los políticos.
Según la experta Tehilla Shwartz Altshuler, los delitos de corrupción no suelen implicar sentencias tan severas, lo que excluye a muchos casos de esta nueva normativa.
Por otro lado, Shwartz Altshuler señaló que cualquier iniciativa que otorgue a la policía herramientas para violar la privacidad de los ciudadanos debe estar respaldada por una propuesta oficial del gobierno, sometida a un estricto control por parte del Ministerio de Justicia.
La experta destacó que el proyecto actual está siendo promovido como una propuesta privada, ya que el gobierno no ha logrado alcanzar un acuerdo con los funcionarios del Ministerio de Justicia y el fiscal general.
Fiscalía general pide anular comisión de investigación sobre software espía
En septiembre, la Fiscalía general de la República solicitó al Tribunal Superior de Justicia la anulación de la decisión gubernamental de crear una comisión de investigación sobre el uso presuntamente ilegal de programas espía por parte de los cuerpos de seguridad. La Fiscalía argumentó que dicha comisión está actuando en contravención de la ley.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, respondió acusando a la Fiscalía general de tener un conflicto de intereses en este asunto, lo que añadió complejidad a la situación legal.
Esta comisión fue establecida en agosto de 2023 con el propósito de investigar el presunto uso indebido de software espía por parte de los organismos encargados de la ley, tanto contra ciudadanos como contra funcionarios del gobierno israelí.
Knéset debate proyecto de ley para revisar computadoras de sospechosos
El Comité de Seguridad Nacional de la Knéset está en medio de una discusión sobre un nuevo proyecto de ley que permitiría a la policía revisar los ordenadores de los sospechosos. La iniciativa, patrocinada por Zvika Fogel, presidente del comité, busca ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en el país.
Esta propuesta tiene como objetivo que los jueces de los tribunales de distrito puedan imponer restricciones a la libertad de movimiento y expresión de los ciudadanos, basándose en pruebas secretas con el fin de “evitar daños graves a la seguridad o la propiedad de una persona”.
Según los defensores del proyecto, la medida serviría como solución temporal de dos años para permitir a las fuerzas del orden enfrentar el aumento del crimen organizado en Israel, especialmente en las comunidades árabes.
De aprobarse, los tribunales tendrían la facultad de imponer restricciones utilizando informes de inteligencia policial, que incluirían “material confidencial, evidencia visible y cualquier otro dato relacionado con la evaluación de que una persona está involucrada en actividades de organizaciones criminales”, junto con el nivel de amenaza que represente el sospechoso.
El proyecto también contempla que la policía pueda apartarse de las normativas tradicionales sobre la presentación de pruebas en los tribunales. Los redactores de la ley reconocen que esto sería “una herramienta excepcional”, ya que se emplearía una orden judicial para violar los derechos individuales con base en una preocupación prospectiva, sin pruebas incriminatorias suficientes sobre hechos pasados.
Entre las medidas que los jueces podrían imponer se encuentran limitaciones al tiempo que un sospechoso pasa fuera de su hogar, restricciones de viaje a determinados lugares, prohibiciones de contacto con ciertas personas, la suspensión de su capacidad para conducir y la prohibición de viajar al extranjero.
Además, la policía obtendría autorización para registrar viviendas, vehículos e incluso las personas de aquellos sujetos a estas órdenes, e interrogar sus computadoras en busca de pruebas adicionales.