La Dirección Nacional Cibernética de Israel (INCD) comunicó que el gobierno ha aprobado una normativa de emergencia.
Esta norma busca fortalecer la capacidad de Israel para defenderse de ciberataques masivos. Desde el inicio de la guerra con Hamás en Gaza, la INCD ha detectado cerca de 40 intentos de ciberataques. Estos ataques estaban dirigidos a empresas y servicios de almacenamiento digital que suministran a numerosas empresas israelíes.
La finalidad de esta normativa es reducir los posibles daños colaterales a la economía durante las emergencias causadas por ciberataques. Los servicios de almacenamiento y digitales, debido a la naturaleza de los servicios que ofrecen, pueden ser una vía para que los atacantes se infiltren. Esto podría comprometer las entidades conectadas o la información almacenada, afectando a múltiples clientes de manera simultánea.
El daño puede alcanzar a instituciones críticas como hospitales, compañías navieras y oficinas gubernamentales. Estas instituciones desempeñan un papel esencial en las operaciones normales y especialmente durante situaciones de emergencia.
Durante la guerra contra Hamás, ha habido un incremento en los ciberataques dañinos dirigidos a este tipo de empresas. Para proteger al público y asegurar el funcionamiento continuo de la economía israelí, es necesario aplicar de manera urgente una normativa de emergencia. Esta normativa permitirá detectar, contener y minimizar el impacto de tales ataques.
En caso de un ciberataque grave que represente un riesgo para el Estado o los servicios esenciales, el INCD, el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) o el Ministerio de Defensa tendrán autoridad para dar instrucciones. Estas instrucciones serán para los proveedores de servicios de almacenamiento y servicios digitales sobre cómo manejar la situación. Estas instrucciones solo se emitirán si los proveedores de servicios de almacenamiento y los servicios digitales no abordan adecuadamente el ciberataque.
Además, el reglamento indica que, antes de emitir instrucciones, se considerarán los efectos potenciales sobre la privacidad y las consecuencias económicas de la aplicación de las instrucciones. Los organismos estatales también informarán cada dos semanas al fiscal general y a la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset.
Las normas de emergencia aprobadas entrarán en vigor inmediatamente y serán válidas durante un mes.