La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó el jueves la autorización del presidente de EE.UU. Donald Trump para imponer sanciones a cualquier funcionario que investigue a las tropas estadounidenses por supuestos crímenes de guerra en Afganistán.
En un comunicado, el presidente de la CPI, O-Gon Kwon, dijo que las medidas de EE.UU. “no tienen precedentes. Socavan nuestro esfuerzo común para luchar contra la impunidad y asegurar la responsabilidad por las atrocidades masivas. Lamento profundamente las medidas dirigidas a los funcionarios y el personal de la Corte y sus familias”.
“El Tribunal es independiente e imparcial. La CPI es un tribunal de justicia. Funciona en estricto cumplimiento de las disposiciones del Estatuto de Roma”, dijo Kwon.
“El sistema del Estatuto de Roma reconoce la jurisdicción primaria de los Estados para investigar y procesar los crímenes atroces. Como tribunal de última instancia, la CPI es complementaria de las jurisdicciones nacionales. Esta es una piedra angular del Estatuto”, continuó la declaración.
Kwon señaló que “convocará una reunión extraordinaria de la Mesa de la Asamblea la semana próxima para examinar la forma de renovar nuestro compromiso inquebrantable con la Corte”.
“Exhorto a los Estados partes y a todas las partes interesadas en el sistema del Estatuto de Roma a que reiteren una vez más nuestro incesante compromiso de defender y hacer respetar los principios y valores consagrados en el Estatuto y de preservar su integridad sin que se vea afectada por ninguna medida ni amenaza contra la Corte y sus funcionarios, el personal y sus familias”, concluyó.
Trump firmó el jueves pasado una orden ejecutiva que impone sanciones a las personas involucradas en la investigación de la CPI sobre los presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán.
La orden autoriza al Secretario de Estado Mike Pompeo a congelar los activos de los funcionarios de la CPI involucrados en la investigación. Además, Pompeo estará autorizado a bloquear la entrada de estos funcionarios a los EE.UU.
El presidente Trump también citó las investigaciones de crímenes de guerra de la CPI contra Israel al firmar la orden.
La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, anunció en diciembre pasado que tiene la intención de abrir una investigación completa sobre los presuntos “crímenes de guerra” israelíes, pero antes de abrir una investigación completa, pidió a la CPI que se pronunciara sobre el territorio sobre el que tiene jurisdicción debido a las “cuestiones de hecho y de derecho únicas y muy controvertidas que conlleva esta situación”.
Recientemente dictaminó que “Palestina” es un Estado y que la CPI tiene jurisdicción sobre sus casos.
