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Portada » Autoridad Palestina » Autoridad Palestina: El acceso de discapacitados a la Tumba de los Patriarcas es un “crimen de guerra”

Autoridad Palestina: El acceso de discapacitados a la Tumba de los Patriarcas es un “crimen de guerra”

8 de septiembre de 2020
en Autoridad Palestina
Oración en la Cueva de los Patriarcas por el éxito de Trump

Autoridad Palestina: El acceso de discapacitados a la Tumba de los Patriarcas es un “crimen de guerra”. (National Geographic)

Los dirigentes palestinos han descrito los planes de Israel de instalar un acceso para sillas de ruedas en la Tumba de los Patriarcas como “el equivalente a iniciar una guerra religiosa en la región y en el mundo”, y como un “crimen de guerra”, y han pedido una Tercera Intifada en respuesta a ello. Los cambios harán que el sitio sea más accesible tanto para los judíos como para los musulmanes.

En el 2019 los políticos israelíes revelaron un plan para instalar un ascensor en el sitio en Hebrón, conocido como la Cueva de los Patriarcas para los judíos, y la Mezquita Ibrahimi para los musulmanes. Para los judíos, es el sitio de entierro de los Patriarcas Judíos Abraham, Isaac y Jacob, y de las Matriarcas Sara, Rebeca y Lea. Los musulmanes también veneran a Abraham como el padre de Ismael.

En mayo, las FDI emitieron una orden de expropiación del sitio para que la construcción del proyecto pudiera comenzar, haciendo accesible el antiguo sitio bíblico para sillas de ruedas. La medida pasó por alto el municipio de Hebrón, dirigido por palestinos, que se oponían al proyecto. La Autoridad Palestina también se opuso al proyecto, denunciándolo como “judaización”.

El Ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina, Hussein al-Shiekh, respondió por Twitter: “hoy el llamado Ministro de Defensa israelí firmó una decisión de confiscar y anexar partes del campus de Ibrahimi en Hebrón, lo que constituye una violación del protocolo de Hebrón, un fin del acuerdo firmado entre la OLP e Israel y una continuación del proyecto de soberanía en Judea, Samaria y Jerusalén”.

Ahora parece que el liderazgo palestino mantuvo la retórica en agosto, denunciando los planes como un “crimen de guerra” e incitación a la violencia.

Según una traducción de la ONG Palestinian Media Watch, el 4 de agosto, WAFA, la agencia oficial de noticias de la AP, informó que el Juez Supremo de la Shari’ah de la AP, Mahmoud Al-Habbash, “condenó la decisión del gobierno de ocupación de permitir que los colonos construyeran un ascensor dentro de la mezquita de Ibrahimi en Hebrón […] ya que la autoridad para administrar la mezquita de Ibrahimi pertenece al Ministerio de Asuntos Religiosos de la AP Palestina y a la Municipalidad de Hebrón, y a nadie más”.

El informe continuó: “Al-Habbash añadió que el estado de ocupación y sus líderes cargarán con las consecuencias de este continuo comportamiento arrogante, y que la agresión a nuestros santos lugares tendrá un costo. Advirtió que los palestinos están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger nuestra religión y nuestros santos lugares y defenderlos, sin importar el costo, y sin importar los sacrificios. Al-Habbash describió el fallo israelí como un ataque a nuestra religión y santos lugares, y mencionó que esto tendrá graves consecuencias y equivale a iniciar una guerra religiosa en la región y en el mundo”.

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Dos días después, el diario oficial de la AP al-Hayat al-Jadida informó que el Ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de la AP, Riyad Al-Malki, señaló que construir el ascensor y “dañar la mezquita de Ibrahimi constituye un crimen de guerra y una violación de todas las leyes internacionales”. […] Señaló que, de esta manera, la ocupación intenta fortalecer el colonialismo, la ocupación y las falsificaciones que está cometiendo en nuestra tierra, nuestro patrimonio y nuestra historia.

Tanto Al-Habbash como Al-Malki apelaron a la UNESCO en sus declaraciones para que interviniera, argumentando que el sitio es puramente un sitio de herencias islámicas que no tiene ninguna conexión con nadie que no sea musulmán. Al-Malki pidió a la UNESCO que enviara una delegación “para conocer la destrucción deliberada por parte de Israel de los valores del arte mundial, el patrimonio y la cultura de los sitios palestinos”, según el documento, e instó a la Corte Penal Internacional a que iniciara una investigación penal contra Israel.

El 8 de agosto, al-Hayat al-Jadida informó que el miembro del Comité Ejecutivo de la OLP y Jefe del Departamento de Derechos Humanos y Sociedad Civil, Ahmed Tamimi, había dicho que se había fijado una reunión prevista para el día siguiente con el fin de discutir los planes para el sitio, advirtiendo: “El pueblo palestino no carece de medios para defenderse a sí mismo, su patria y sus lugares sagrados si la comunidad internacional sigue siendo negligente en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Continuó: “Los palestinos han sacrificado cientos de miles de mártires y heridos y más de un millón de prisioneros en el curso del conflicto con el movimiento sionista y su entidad ocupante. Las revoluciones e intifadas palestinas a lo largo de generaciones son una prueba de la voluntad del pueblo palestino de llegar a los extremos para defender su derecho y sus principios básicos”.

Los líderes palestinos han estado tratando de incitar una Tercera Intifada durante gran parte del año 2020, primero con el plan de paz del presidente de los Estados Unidos Donald Trump para la región, luego con los planes de Israel de expandir su soberanía en partes de Judea y Samaria, y finalmente en protesta por el acuerdo de normalización entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, que los líderes palestinos vieron como una traición a su causa.

Hasta ahora, el pueblo palestino no ha respondido a los llamados.

Etiquetas: Israel-Autoridad PalestinaTumba de los Patriarcas

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El Tribunal Superior rechaza el recurso de Sharren Haskel contra el Likud El Tribunal Superior de Justicia rechazó este domingo por la noche el recurso de la diputada Sharren Haskel contra el Likud y la facción Derecha Estatal. Haskel pretendía ser reconocida como una facción unipersonal y obtener autorización para abandonar su grupo parlamentario antes de las elecciones a la 26.ª Knéset. Aunque los jueces desestimaron su petición, la sentencia advirtió que la fórmula escogida por ambas formaciones para aplicar sus acuerdos podría generar un problema jurídico al afectar el derecho de los diputados contrarios a una fusión a separarse de su facción. El origen del litigio se encuentra en el acuerdo suscrito en marzo de 2025 entre el Likud y Derecha Estatal, entonces denominada Nueva Esperanza. El pacto contemplaba originalmente la fusión Estatal con el Likud, siempre que recibiera la aprobación del Comité de la Knéset. También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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