Una segunda conferencia que comenzó en Berlín el 23 de junio demostró los importantes avances realizados por las autoridades interinas y los actores externos durante el último año para resolver el conflicto libio. Sin embargo, a pesar de la solidaridad mostrada por los observadores internacionales sobre la necesidad de retirar todas las tropas extranjeras y los mercenarios de Libia, esta cuestión sigue sin resolverse, lo que ralentiza el proceso de reconciliación nacional, así como los preparativos en curso para las elecciones generales previstas para el 24 de diciembre.
Aunque la ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Transición libio, Najla Al-Mangush, expresó durante la conferencia la esperanza de que los mercenarios de ambos bandos abandonen el país en los próximos días, las intenciones de Turquía de mantener su presencia militar en Libia suponen un obstáculo insalvable para abordar el problema.
Desde el principio de su intervención en el conflicto libio, Turquía mantuvo, en su opinión, el enfoque más legítimo y beneficioso para todos de apoyar al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli. En lugar de suministrar armas y equipos militares, los dirigentes turcos firmaron una serie de acuerdos provechosos con el GNA que le permitieron cimentar formalmente la presencia de su contingente militar en Libia e iniciar una revisión de las fronteras marítimas en el Mediterráneo Oriental, con vistas a ampliar la zona económica exclusiva y realizar exploraciones geológicas en las aguas disputadas.
Ante la tormenta de críticas internacionales por la firma de los controvertidos acuerdos, Ankara siguió insistiendo en su acierto, aludiendo al reconocimiento mundial de la GNA y a su legitimidad. De este modo, ni la falta del voto de confianza legalmente exigido por el parlamento del país al GNA ni su mandato expirado tras la conclusión del acuerdo de Skhirat hicieron que Ankara dudara de la validez de los acuerdos celebrados con las autoridades libias.
La repulsión de la ofensiva de Khalifa Haftar sobre Trípoli y el mantenimiento del GNA en el poder, ambos asegurados con el apoyo directo de Turquía, acabaron por convencer a Ankara del papel excepcional que desempeñaba en Libia. De hecho, con el pretexto de proteger al llamado gobierno oficial libio, los turcos consiguieron afianzarse en el norte de África y establecer una zona de influencia en el mar Mediterráneo, asestando un golpe a los intereses de rivales regionales como Egipto y Grecia.
Para Turquía, el nombramiento del gobierno interino de unidad nacional surgido del Foro de Diálogo Político de la ONU no cambió absolutamente nada. Las nuevas autoridades destinadas a poner fin al doble poder y a la enemistad entre las partes del conflicto no encontraron nada mejor que reafirmar inmediatamente su compromiso con las obligaciones derivadas de los acuerdos anteriores con Turquía. Los dirigentes del GNA afirmaron que estos acuerdos “corresponden plenamente a los intereses de Libia”, disipando las ilusiones sobre la imparcialidad de la nueva administración dirigida por el primer ministro Abdulhamid Dabaiba.
Mientras disfrutaba de la lealtad del GNA, Turquía siguió defendiendo su presencia militar en el país norteafricano en el marco de los esfuerzos internacionales para combatir la injerencia extranjera. Para ello, Ankara comenzó a promover activamente un enfoque diferenciado para la retirada de sus mercenarios y tropas regulares de Libia.
Los dirigentes turcos insisten en que sus tropas regulares tienen derecho a permanecer en Libia sobre la base de los acuerdos existentes con el gobierno del país, y que su futura presencia debe discutirse por separado de la de los mercenarios. Al mismo tiempo, Ankara pretende cumplir con sus obligaciones ante la comunidad internacional al aceptar retirar a algunos de sus militantes traídos de Siria para unirse a los enfrentamientos contra las tropas de Khalifa Haftar. Según los informes que circulan, Turquía solo aceptó retirar a 300 de sus miles de mercenarios activos en Libia.
Los intentos de Turquía por afianzarse en el norte de África pueden socavar el proceso político y conducir a resultados indeseables, dado que la retirada de un contingente extranjero era la principal condición para la tregua. En este sentido, las acciones turcas deberían ser tratadas de forma adecuada por las potencias europeas y la ONU, cuyos esfuerzos se dirigen actualmente a establecer una paz duradera y celebrar elecciones nacionales.