El ministro de Construcción y Vivienda, Yitzhak Goldknopf, que encabeza el partido Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), dijo en conversaciones a puerta cerrada que su partido no apoyará la continuación de la legislación sobre la reforma judicial hasta que se apruebe el proyecto de ley, informó Israel Hayom.
Según el informe, Goldknopf señaló que “no hay discusión sobre la ley, hay un compromiso claro del primer ministro en el acuerdo de coalición. Hasta ahora hemos respetado las exigencias de la coalición, y ahora durante la sesión de invierno debemos aprobar en primer lugar el proyecto de ley, ese es el acuerdo. Antes de esto, no apoyaremos ninguna legislación legal”.
Goldknopf también exigió el cumplimiento del compromiso del secretario del Gabinete, Yossi Fuchs, de presentar un memorando sobre el Proyecto de Ley antes del inicio de la sesión de invierno de la Knesset; dos semanas antes de la fecha prometida, sigue habiendo desacuerdos sobre el asunto dentro del gobierno.
Mientras tanto, el gobierno se esfuerza por cumplir el plazo al que se comprometió, y se ha decidido que el proyecto de ley que se propuso hace varios meses y que concedía a los haredim una exención total a los 21 años, con el fin de animarles a incorporarse al mercado laboral no saldrá adelante.
Ahora, el gobierno está debatiendo lo que antes se conocía como el “Plan Attias”, que fija la edad de exención por debajo de los 26 años actuales, pero que requiere que el gobierno fije objetivos de alistamiento, de modo que cada año se exija a un número mínimo de haredim que se alisten, evitando así los problemas que plantea una exención general. En esencia, esto no cambiaría el statu quo, ya que los objetivos de alistamiento se establecerán de acuerdo con las tasas de alistamiento que existen actualmente en la comunidad haredí, y cualquiera que no desee alistarse no se verá de repente obligado a hacerlo a causa de la ley.
En un esfuerzo por frenar las críticas públicas, la coalición está haciendo hincapié en el hecho de que el nuevo plan y sus objetivos de alistamiento ya fueron acordados por el gobierno de unidad Netanyahu-Gantz en 2020. Sin embargo, esos acuerdos también establecían que, tras la aprobación de la ley, se aprobaría otra ley que regularía el asunto de forma más exhaustiva, y esa ley no avanzará.
Fuentes del Likud temen que el nuevo proyecto, que ofrecerá una exención casi general a los haredim, pueda suscitar críticas públicas, incluso entre los partidarios de la coalición, y avivar aún más las protestas anti reforma y antigubernamentales, que desde entonces han tomado también un cariz antirreligioso.