La Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset ha decidido enviar a primera lectura en el pleno un proyecto de ley que prohibiría a la Defensoría Pública brindar representación legal a individuos definidos por ley como combatientes ilegales.
Este proyecto de ley estipula que los gastos legales de cualquier persona sospechosa o acusada de terrorismo posterior al 7 de octubre serán cubiertos con fondos fiscales congelados de la Autoridad Palestina que están en posesión de Israel, en lugar de utilizar el presupuesto estatal.
La semana pasada, el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, criticaron enérgicamente a la Administración de Tribunales de Israel por su solicitud de financiación para la representación legal de los combatientes detenidos sospechosos de cometer atrocidades el 7 de octubre en el sur de Israel.
Estas declaraciones surgieron tras la revelación de que los tribunales que se ocupan de los detenidos palestinos capturados durante el actual conflicto con Hamás en Gaza dictaminaron que los prisioneros necesitaban representación legal al comparecer ante ellos.
Dado que la Defensoría Pública se ha negado a representar a estos detenidos, los tribunales han ordenado que se les proporcione un abogado privado conforme a la ley israelí, la cual también establece que la financiación para dicha representación legal debe provenir del Estado.
