Un total de 975 ejecuciones se llevaron a cabo en Irán durante el año pasado, según un informe publicado por dos organizaciones de derechos humanos, que calificaron el aumento como una «horrible escalada» en el uso de la pena de muerte.
Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y el grupo francés Together Against the Death Penalty (ECPM) informaron que esta cifra es la más elevada desde que IHR comenzó a documentar las ejecuciones en 2008.
El documento conjunto denuncia que la República Islámica utilizó la pena capital como una «herramienta central de opresión política» y describe el incremento como una estrategia para mantener el control del poder.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director del IHR, sostuvo que «estas ejecuciones forman parte de la guerra del régimen contra su propio pueblo para aferrarse al poder».
Un promedio de cinco ejecuciones diarias ocurrieron en los últimos tres meses del año, coincidiendo con el incremento de tensiones entre Irán e Israel. Aunque no se ha determinado con exactitud el impacto de estas tensiones en la cifra de ejecuciones, Teherán acusa con frecuencia a individuos de espiar para Israel.
En comparación con 2023, cuando se registraron 834 ejecuciones, la cantidad de muertes por pena capital aumentó un 17% en 2024. Entre las personas ejecutadas, cuatro fueron ahorcadas en público y 31 eran mujeres, la cifra más alta en los últimos 17 años.
Ejecuciones relacionadas con protestas
Diversos organismos de derechos humanos afirman que Irán es el segundo país con más ejecuciones en el mundo, solo superado por China. Según denuncias, las autoridades iraníes utilizan la pena de muerte para infundir miedo, especialmente desde el inicio de las protestas nacionales de 2022.
La pena capital se mantiene como un pilar del sistema judicial basado en la sharia, instaurado tras la revolución de 1979 que derrocó al sha respaldado por Occidente. Delitos como asesinato, violación y tráfico de drogas pueden ser castigados con la muerte, junto con acusaciones más imprecisas como «corrupción en la tierra» y «rebelion», utilizadas contra disidentes políticos.
Los ahorcamientos en patios de prisión son el método más común, aunque en algunos casos han ocurrido ejecuciones públicas. Otros métodos siguen contemplados en el código penal iraní.
Dos de las ejecuciones del año pasado estuvieron vinculadas a las protestas iniciadas en septiembre de 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por presunta violación del código de vestimenta obligatorio.
Mohammad Ghobadlu, de 23 años, fue ejecutado en enero de 2024, acusado de atropellar y matar a un policía durante una manifestación en octubre de 2022. Organizaciones de derechos humanos criticaron el proceso judicial, señalando que los jueces desestimaron pruebas que indicaban que padecía trastorno bipolar.
Gholamreza Rasaei, de 34 años, fue ejecutado en agosto en un acto no anunciado públicamente. Lo acusaron de asesinar a un guardia revolucionario durante una protesta en 2022. Activistas denunciaron que su confesión fue obtenida bajo tortura.
Las organizaciones de derechos humanos indicaron que podrían haberse realizado más ejecuciones en 2024, pero no lograron confirmarlas. Reportes adicionales mencionan otras 39 ejecuciones que no pudieron verificarse a través de fuentes secundarias.
Según el registro del IHR, en lo que va del año Irán ha ejecutado al menos a 121 personas.
