La universidad se opuso a exigencias del gobierno federal que condicionan el financiamiento a cambios en políticas sobre antisemitismo, protestas y programas DEI.
Harvard responde a las exigencias impuestas por el gobierno federal
La Universidad de Harvard rechazó oficialmente las condiciones establecidas por la administración del presidente Donald Trump, que condicionaban la entrega de casi 9,000 millones de dólares en fondos federales. Las demandas exigían modificar políticas relacionadas con protestas estudiantiles, prohibir el uso de máscaras, eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y cooperar más estrechamente con autoridades federales para combatir el antisemitismo.
Según la universidad, dichas exigencias sobrepasan los límites legales de la autoridad del gobierno y representan una amenaza a su autonomía académica. La postura de Harvard marca un choque directo con la Casa Blanca, en un contexto nacional en el que se debaten temas como la libertad de expresión, la seguridad en campus universitarios y el rol de las instituciones educativas ante el antisemitismo.
Las condiciones impuestas por la administración Trump fueron comunicadas en abril de 2025 por una fuerza de tarea especial creada tras una orden ejecutiva del 29 de enero, enfocada en combatir el antisemitismo en instituciones educativas. Entre los puntos principales figuraban restricciones sobre las manifestaciones, mayor supervisión en departamentos académicos y la eliminación de iniciativas que, según el gobierno, promueven división ideológica.
En su rechazo, Alan Garber, presidente interino de Harvard, advirtió que permitir al gobierno definir contenidos académicos o decisiones de admisión pone en riesgo los principios fundamentales de una universidad privada. Dos abogados de la institución respaldaron este argumento en un informe legal que cuestiona la legitimidad de las demandas.
Exigencias clave del gobierno de Trump a Harvard
- Eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI)
- Prohibir el uso de máscaras en protestas estudiantiles
- Establecer restricciones claras sobre tiempo, lugar y forma para manifestaciones
- Revisar programas académicos acusados de fomentar antisemitismo
- Adoptar políticas de admisión y contratación basadas únicamente en el mérito
El pasado histórico de antisemitismo influye en el debate actual
En el análisis de la guerra, el historial de Harvard respecto al antisemitismo ha cobrado relevancia. Durante los años 1920 y 1930, la universidad aplicó cuotas para restringir el ingreso de estudiantes judíos. Estas políticas, implementadas bajo la presidencia de Abbott Lawrence Lowell, buscaban limitar lo que consideraban una sobre-representación judía en el campus.
Aunque estas prácticas se abandonaron tras la Segunda Guerra Mundial, sus efectos continúan siendo motivo de debate. En décadas recientes, la universidad ha enfrentado críticas por tolerar expresiones percibidas como hostiles hacia los estudiantes judíos, como ocurrió en 2018 con un mural que vinculaba el sionismo con el racismo, y que fue retirado tras las protestas.
Tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1,100 muertos, Harvard fue cuestionada por la tibieza de su comunicado inicial. La declaración de Garber expresó condolencias pero evitó una condena explícita al grupo terrorista, lo que generó fuertes críticas de organizaciones judías y figuras públicas.
La controversia aumentó cuando más de 30 grupos estudiantiles publicaron una carta que atribuía la violencia exclusivamente a Israel, sin mencionar a Hamás. Este episodio provocó inseguridad entre estudiantes judíos y desató acusaciones de permisividad institucional frente al antisemitismo.
Protestas estudiantiles escalan las tensiones dentro del campus
En el último año, las manifestaciones en Harvard se han intensificado. Las protestas, lideradas principalmente por grupos propalestinos, incluyeron la utilización de máscaras para evitar ser identificados, una práctica que el gobierno calificó como preocupante desde el punto de vista de la seguridad.
Durante abril de 2024, un campamento instalado en Harvard Yard mostró consignas como “Desde el río hasta el mar”, interpretada por muchos como un llamado a la eliminación del Estado de Israel. Además, algunos cánticos hacían referencia a la “intifada”, lo que estudiantes judíos señalaron como apología a la violencia.
Estas acciones provocaron ocupaciones de espacios universitarios, como bibliotecas y plazas, lo que interrumpió actividades académicas. Aunque la universidad aplicó sanciones en ciertos casos, críticos han señalado que las medidas fueron inconsistentes y poco contundentes.
Las demandas del gobierno también incluían la obligación de Harvard de cooperar con el Departamento de Seguridad Nacional y aplicar controles más estrictos a sus departamentos académicos, especialmente aquellos enfocados en estudios de Medio Oriente, considerados por la Casa Blanca como promotores de narrativas antiisraelíes.
Programas DEI, autonomía académica y financiamiento en disputa
Otro punto central de la guerra ha sido la exigencia de eliminar los programas DEI. Según el gobierno, estas iniciativas crean divisiones y fomentan estereotipos raciales. La universidad, sin embargo, ha defendido su propósito de promover la equidad entre grupos históricamente excluidos.
Algunas críticas internas han acusado a las oficinas de diversidad de minimizar el antisemitismo. Un informe de 2024 reveló que varios talleres omitieron referencias a esta forma de discriminación, incluso después de los acontecimientos del 7 de octubre. Estas omisiones fortalecieron la posición de la administración Trump para exigir su desmantelamiento.
El impacto financiero de este enfrentamiento podría ser significativo. Los fondos federales en riesgo comprenden 255.6 millones en contratos directos y más de 8,700 millones en subvenciones destinadas a investigaciones médicas como cáncer, Parkinson y tuberculosis.
Ante este panorama, Harvard ya planifica estrategias para asegurar su estabilidad económica, incluida la posible emisión de 750 millones de dólares en bonos. Casos similares muestran consecuencias directas: Columbia aceptó algunas demandas tras perder 400 millones en fondos, mientras Brown y Princeton enfrentan revisiones de subvenciones federales.
El debate se amplía a escala nacional con implicaciones universitarias
Desde octubre de 2023, el Departamento de Educación ha investigado a más de 100 universidades por presuntas violaciones de derechos civiles vinculadas tanto al antisemitismo como a la islamofobia. Las tensiones han derivado en protestas de variado tono, desde marchas pacíficas hasta ocupaciones de edificios universitarios.
En Harvard, la respuesta institucional incluyó la creación de dos grupos de trabajo: uno contra el antisemitismo y otro contra el prejuicio antiárabe. Además, se implementaron nuevas normas que obligan a los participantes de protestas a identificarse y prohíben el uso de máscaras.
No obstante, estas medidas no han satisfecho a todos los sectores. La Harvard Jewish Alumni Alliance ha cuestionado la falta de una respuesta más contundente a las denuncias de acoso. Las críticas insisten en que la universidad no ha protegido adecuadamente a sus estudiantes judíos desde que comenzó la actual crisis.
la guerra entre Harvard y el gobierno federal plantea dilemas sobre la capacidad de las universidades para defender sus principios frente a presiones externas. Mientras tanto, el debate continúa en el campus y en la esfera pública, con consecuencias aún por definirse.
