El gobierno de Donald Trump remitió oficialmente a la Universidad de Harvard al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que investigue acusaciones de discriminación antisemita. En una carta enviada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se informó que los esfuerzos previos no permitieron resolver la guerra, por lo que la Oficina de Derechos Civiles solicitó la apertura de procedimientos formales contra la universidad.
A finales de junio, la administración estadounidense concluyó una investigación que determinó que Harvard incumplió la ley federal de derechos civiles al no abordar denuncias de acoso dirigidas a estudiantes judíos e israelíes. La institución mantiene una disputa legal con el gobierno, en el marco de la cual busca recuperar miles de millones de dólares en fondos federales congelados destinados a investigaciones médicas y otros programas.
El miércoles, un día después de que Harvard aceptó entregar formularios laborales de miles de empleados al gobierno, se hizo pública la carta enviada por la administración. Sin embargo, la universidad retuvo los documentos correspondientes a personas contratadas en cargos reservados para estudiantes, mientras evalúa si esa solicitud cumple con las regulaciones de privacidad.
El martes, Harvard notificó a su personal sobre una citación del Departamento de Seguridad Nacional recibida a principios de mes. La solicitud exige acceso a formularios I-9 y documentación complementaria que acredite la elegibilidad laboral de sus empleados. Según la institución, la normativa federal autoriza al gobierno a examinar estos documentos en cualquier empresa estadounidense.
Harvard sostuvo que aún analiza si la entrega de los registros laborales de los estudiantes contratados respeta las garantías legales sobre la privacidad de esa información. En paralelo, el diario The New York Times informó que la universidad estaría dispuesta a desembolsar hasta $500 millones para resolver el litigio con el gobierno, cifra que duplica la pagada por la Universidad de Columbia en un caso similar.
El informe señaló que las negociaciones continúan, con desacuerdos entre las partes sobre la posible incorporación de un monitor externo para supervisar el cumplimiento del eventual acuerdo. La administración Trump ha planteado reducir los fondos federales a universidades que permitieron protestas propalestinas, al considerar que favorecieron expresiones antisemitas.
Grupos de manifestantes, incluidos colectivos judíos progresistas, rechazaron esas acusaciones. Alegaron que el gobierno interpreta de forma incorrecta las críticas a las acciones militares israelíes en Gaza y las denuncias por el trato a los palestinos en Judea y Samaria, al vincularlas con manifestaciones de antisemitismo o extremismo político.
Las protestas exigieron que Estados Unidos cese su respaldo a Israel y que las universidades suspendan sus inversiones en empresas vinculadas con la industria armamentista o con actividades de apoyo al control militar israelí en territorios palestinos. Harvard no emitió comentarios sobre la carta enviada por el gobierno. No obstante, la universidad reiteró su compromiso con la lucha contra la discriminación.
Informes difundidos en abril por los grupos de trabajo sobre antisemitismo e islamofobia de Harvard documentaron situaciones de temor e intolerancia vividas por estudiantes judíos, musulmanes y árabes.