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Portada » Antisemitismo » Trump congela $339 millones a la UCLA por violaciones de derechos: incluido el antisemitismo

Trump congela $339 millones a la UCLA por violaciones de derechos: incluido el antisemitismo

2 de agosto de 2025
Clases en UCLA se reanudan tras protestas anti Israel

Ilustrativo: La policía patrulla mientras los trabajadores limpian grafitis antiisraelíes en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) después de que la policía desalojara a manifestantes propalestinos, 2 de mayo de 2024. (Frederic J. Brown/AFP)

El gobierno de Trump suspendió $339 millones en subvenciones a UCLA por acusaciones de antisemitismo, acción afirmativa ilegal y discriminación en deportes femeninos.

Administración Trump sanciona a UCLA por incumplimientos civiles

El gobierno del presidente Donald Trump congeló $339 millones en subvenciones de investigación a la Universidad de California en Los Ángeles, según informó una fuente cercana al asunto. La medida responde a presuntas violaciones de derechos civiles relacionadas con antisemitismo, políticas de acción afirmativa y discriminación en deportes femeninos. Varias agencias federales, incluidos el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Institutos Nacionales de Salud, notificaron la suspensión de $240 millones en fondos.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia determinó que UCLA violó la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda y el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La acusación señala que la universidad actuó con indiferencia deliberada al permitir un entorno educativo hostil para estudiantes judíos e israelíes, especialmente durante protestas en 2024. Esta acción marca un caso raro de sanciones contra una universidad pública.

El Departamento de Energía emitió una carta que detalla “ejemplos de incumplimiento” en las prácticas de admisión de UCLA. La carta critica a la universidad por solicitar a los aspirantes que revelen su raza en declaraciones personales y por considerar factores como ingresos familiares y códigos postales. Estas prácticas, según el gobierno, constituyen un intento de eludir la prohibición de acción afirmativa, vigente en California desde 1996 y anulada por la Corte Suprema en 2023.

La Fundación Nacional de Ciencias también suspendió fondos, argumentando que UCLA no alinea sus políticas con las prioridades de la agencia. La medida afecta cientos de proyectos de investigación en biomedicina, ingeniería y ciencias ambientales. El rector de UCLA, Julio Frenk, calificó la decisión como “profundamente decepcionante” y advirtió sobre el impacto negativo en investigadores, profesores y personal de la universidad.

Detalles clave de la congelación de fondos a UCLA

  • El gobierno federal suspendió $339 millones en subvenciones de investigación a UCLA.
  • El Departamento de Justicia acusó a UCLA de violar leyes de derechos civiles.
  • La acción afirmativa en admisiones está prohibida en California desde 1996.
  • UCLA enfrenta críticas por permitir mujeres transgénero en deportes femeninos.

Contexto de las acusaciones y respuesta de UCLA

El Departamento de Energía señaló que las políticas de admisión de UCLA perjudican a solicitantes blancos, judíos y asiático-americanos al considerar factores socioeconómicos que, según la carta, encubren prácticas de acción afirmativa. Además, el gobierno acusó a la universidad de no garantizar un entorno libre de antisemitismo, citando incidentes durante protestas propalestinas en 2024 que afectaron a estudiantes judíos e israelíes.

UCLA alcanzó un acuerdo de $6 millones con tres estudiantes judíos y un profesor que demandaron a la universidad por violaciones de derechos civiles. Los demandantes alegaron que manifestantes propalestinos bloquearon su acceso a clases y áreas del campus en 2024. La universidad negó inicialmente responsabilidad legal, argumentando que los bloqueos fueron obra de manifestantes, no de la institución.

La universidad colaboró con fuerzas del orden para desmantelar campamentos de protesta y evitar nuevos incidentes. UCLA afirmó su compromiso con la seguridad y la inclusión en el campus, implementando medidas para fortalecer la protección de todos los estudiantes. El acuerdo incluye $2.3 millones donados a ocho organizaciones que combaten el antisemitismo y apoyan a la comunidad judía de UCLA.

El rector Julio Frenk expresó que la suspensión de fondos no aborda las acusaciones de discriminación y perjudica investigaciones cruciales. La universidad evalúa opciones legales con el apoyo de la Junta de Regentes de la Universidad de California y la Oficina del presidente de la UC, aunque no especificó si buscará negociar o enfrentar una demanda federal.

Impacto en universidades y modelo de sanciones federales

La administración Trump utilizó un acuerdo reciente con la Universidad de Columbia como modelo para sanciones financieras. Columbia acordó pagar $221 millones para resolver investigaciones sobre antisemitismo y restaurar $400 millones en fondos federales. La administración planea aplicar este enfoque a otras universidades, con un enfoque en instituciones que, según el gobierno, no cumplen con leyes antidiscriminatorias.

La suspensión de fondos a UCLA incluye $81 millones de la Fundación Nacional de Ciencias y $18.2 millones del Departamento de Energía, además de los $240 millones del Departamento de Salud. Estas sanciones afectan investigaciones en salud pública, inteligencia artificial y otras áreas críticas. La decisión generó críticas de académicos que advierten sobre el impacto en el ecosistema científico.

Otras universidades, como Harvard, Brown y la Universidad de Pensilvania, enfrentaron amenazas similares de recortes de fondos por acusaciones de antisemitismo y políticas de diversidad. La administración Trump aumentó su escrutinio tras protestas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamás que comenzaron en octubre de 2023. UCLA fue identificada como objetivo por una fuerza de tarea federal contra el antisemitismo en febrero de 2024.

La Universidad de California, en un comunicado, afirmó que continuará abordando las preocupaciones del Departamento de Justicia. Sin embargo, no aclaró si optará por negociaciones para evitar una demanda federal, cuyo plazo vence en septiembre de 2025.

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