La Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio, la principal organización mundial en esta disciplina, aprobó una resolución que concluye que las acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio, según anunció su presidenta el lunes. Con un respaldo del 86% de los votantes entre sus 500 miembros, la declaración de tres páginas afirma que las políticas israelíes violan la Convención de las Naciones Unidas de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, además de constituir crímenes contra la humanidad y de guerra.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó la resolución como “vergonzosa” y una “desgracia para la profesión legal y los estándares académicos”. En un comunicado, argumentó que se basa en “la campaña de mentiras de Hamás” y en su blanqueo por terceros, e insistió en que las acusaciones de genocidio deben dirigirse contra el grupo palestino por su ataque del 7 de octubre de 2023.
“Por primera vez, estos «estudiosos del genocidio» acusan a la víctima de genocidio, a pesar del intento de Hamás de aniquilar al pueblo judío, cuando asesinó a 1.200 personas, violó mujeres, quemó vivas a familias y proclamó su meta de eliminar a todo judío”, afirmó el ministerio, que además criticó a la asociación por no verificar la información subyacente.
La resolución detalla que Israel realiza ataques deliberados contra civiles, incluidos niños; induce hambruna; niega ayuda humanitaria, agua, combustible y otros recursos vitales; comete violencia sexual y reproductiva; y fuerza desplazamientos masivos. Aunque condena la masacre de Hamás del 7 de octubre como “crímenes internacionales”, no lo califica de genocidio. Ese asalto, que desató la guerra actual, se saldó con la muerte de unas 1.200 personas —en su mayoría civiles— y el secuestro de 251 rehenes, de los cuales 48 permanecen en Gaza, con alrededor de 20 aún con vida.
En respuesta, Hamás celebró la resolución como un refuerzo a las pruebas presentadas en tribunales internacionales. “Esta posición académica prestigiosa impone una obligación legal y moral a la comunidad global para detener el crimen, proteger a los civiles y responsabilizar a los líderes de la ocupación”, declaró Ismail Al-Thawabta, director de la oficina de medios del gobierno de Gaza controlado por Hamás.
La guerra se remonta al ataque inicial de Hamás, pero ha escalado dramáticamente. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, reporta más de 63.000 muertes o presuntos muertos, sin diferenciar entre civiles y combatientes, y estima que mujeres y niños representan la mitad. Israel, por su parte, asegura haber eliminado a más de 22.000 combatientes en Gaza hasta agosto, además de 1.600 terroristas durante el asalto inicial en su territorio. Jerusalén resalta que minimiza daños civiles y atribuye las bajas a la táctica de Hamás de operar en zonas densamente pobladas, lo que prolonga la guerra al rechazar la rendición y la liberación de rehenes.
Esta determinación académica intensifica el aislamiento internacional de Israel y se suma a un creciente consenso crítico. En julio, organizaciones izquierdistas israelíes como B’tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel acusaron por primera vez a su gobierno de genocidio, aunque no representan la opinión mayoritaria en el país.
En agosto, el novelista David Grossman, con “intenso dolor y un corazón roto”, describió las acciones en Gaza como genocidio en una entrevista con La Repubblica. “Los expertos en genocidio ven esta situación tal como es”, afirmó Melanie O’Brien, presidenta de la asociación y profesora de derecho internacional en la Universidad de Australia Occidental.
Fundada en 1994, la asociación ha emitido acusaciones similares en el pasado: contra China por su trato a los uigures, Myanmar por la represión de los rohinyá, e incluso contra el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad en 2006 por declaraciones con “intención genocida” contra Israel. El genocidio, codificado en la convención de 1948 tras el Holocausto, se define como actos intencionales para destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Naciones Unidas y varios países occidentales sostienen que solo un tribunal puede confirmar tales crímenes. Sudáfrica ha demandado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por violar la convención, una alegación que Jerusalén niega rotundamente.