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La imposición “verde” condena a miles de millones a la precariedad

4 de noviembre de 2025
en Opinión
La imposición “verde” condena a miles de millones a la precariedad

La ortodoxia climática afirma que los países más pobres, donde miles de millones de personas siguen atrapadas en la precariedad energética, deben impulsar su desarrollo desde el límite de la subsistencia mediante fuentes solares y eólicas costosas y poco confiables. Esta imposición exige que sociedades enteras permanezcan en un estado frágil, atrapadas en sistemas incapaces de alimentar un proceso real de crecimiento.

Un país que busque fortalecer su industria, generar empleo y construir infraestructura necesita fuentes capaces de suministrar electricidad abundante, asequible y constante. El aumento de la oferta debe acompañar el incremento de la demanda. Las fábricas, las pequeñas empresas, la infraestructura digital y sectores similares requieren una disponibilidad energética que las llamadas fuentes verdes no alcanzan. Depender de turbinas eólicas y paneles solares impone un freno directo al desarrollo económico urgente para las poblaciones vulnerables.

Dado que dependen del clima y de la luz solar, el viento y el sol no garantizan electricidad cuando se necesita. Estas fuentes obligan a instalar sistemas de respaldo de gran escala, ya sea mediante baterías o generación alternativa, que en la práctica sigue basada en combustibles fósiles. Incluso en contextos industriales, las baterías solo almacenan energía durante lapsos limitados, lo que impide cubrir la demanda nocturna o periodos prolongados con cielos nublados o vientos débiles. Este límite es innegable y condena a los usuarios a la incertidumbre.

El crecimiento económico no puede gestionarse mediante apagones programados ni racionamientos. El carbón y el gas natural siguen constituyendo la base energética del mundo moderno debido a su abundancia y confiabilidad. Estados Unidos, Alemania, China, Japón y Corea del Sur alcanzaron prosperidad con un suministro estable alimentado por hidrocarburos. Esa fórmula sigue vigente y ha demostrado funcionar en todas las etapas del desarrollo moderno.

La tecnología del carbón actual no se asemeja a las instalaciones obsoletas de hace un siglo. Los sistemas ultra-supercríticos que operan en Asia a altas presiones y temperaturas alcanzan eficiencias cercanas al cuarenta y cinco por ciento y reducen de manera significativa los contaminantes locales mediante procesos avanzados de filtración. El carbón con tecnología limpia incorpora captura de partículas, depuración de azufre y tratamiento de aguas residuales, con resultados comprobados. Las turbinas de gas, por su parte, se instalan con rapidez y permiten asignar generación de manera flexible a costos competitivos, sin depender de caprichos meteorológicos.

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Para los países en desarrollo, este tipo de fuentes asegura tanto el impulso económico como la protección ambiental. La electricidad confiable respalda la actividad industrial, la agricultura mecanizada, la gestión de datos en la era digital y tecnologías esenciales para la salud y el bienestar, como la refrigeración y la climatización. La obsesión por la energía verde ignora estos pilares básicos de la vida moderna y desprecia las necesidades reales de quienes aún luchan por condiciones dignas.

No hay lugar para el dogmatismo climático en sociedades que deben preparar sistemas capaces de atender a decenas de millones de nuevos usuarios, industrias emergentes y procesos acelerados de urbanización. Se necesita una política energética sustentada en lo posible, no en consignas.

Incluso en países de altos ingresos crece la desilusión. En España, los consumidores encaran la posibilidad de restricciones eléctricas y precios elevados, mientras analistas cuestionan si la dependencia de fuentes sujetas al clima ha debilitado la red. El fracaso no se puede ocultar y las consecuencias recaen en los ciudadanos.

La BBC informó que hogares en los Países Bajos reciben instrucciones para reducir su consumo en horas punta debido a que la red se encuentra saturada por la expansión acelerada de la energía eólica y solar. A pesar de ser una economía rica y con ingeniería avanzada, el país afronta inestabilidad en su sistema eléctrico. Este hecho revela el límite práctico de un modelo elevado a dogma político.

Ese ejemplo debe servir de advertencia a las naciones más pobres, especialmente a aquellas cuyo crecimiento urbano supera con amplitud el ritmo europeo. Si un país de dieciocho millones de habitantes no logra sostener un sistema dominado por renovables sin décadas adicionales de inversión, el desafío para Estados como Nigeria, Pakistán o Bangladés —cada uno con más de doscientos millones de habitantes— resulta casi inabordable.

La agenda verde se apoya en la idea errónea de que las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el CO₂ procedente de la generación eléctrica, impulsan el calentamiento global y deben eliminarse. Esa premisa, de carácter pseudocientífico, recibe cuestionamientos cada vez más frecuentes.

Los físicos William Happer y Richard Lindzen expresaron públicamente sus posturas disidentes en un programa de Joe Rogan que superó el millón de reproducciones en YouTube. Señalan que la idea de que el CO₂ controla el clima terrestre responde a un planteamiento radiativo desactualizado. En su artículo de 2024, “Net Zero Averted Temperature Increase”, concluyen que eliminar los combustibles fósiles modificaría la temperatura global en menos de 0,2 °C, una cifra dentro del margen de variabilidad natural. Otro análisis refuta de manera directa la afirmación de que las emisiones industriales de CO₂ puedan calentar el planeta de forma catastrófica.

En la práctica, los países en desarrollo reciben presiones para frenar su crecimiento económico con el fin de evitar una crisis climática que, de acuerdo con evidencia científica seria, se ha exagerado de manera notable. El informe de la CO₂ Coalition, “Effects of Net Zero by 2050”, advierte que esas políticas provocan daños humanos significativos, como pérdida de empleos, inflación y freno a la industrialización.

Según el Banco Mundial, seiscientos setenta y cinco millones de personas aún carecen de acceso a la electricidad, y otras cuatrocientas cincuenta millones padecen redes eléctricas poco confiables. Ninguna de ellas saldrá de la pobreza sin generación abundante y controlable.

Las naciones en desarrollo de África, Asia y América Latina deben dejar de ceder ante la presión ideológica verde. No deben aceptar lecciones de quienes en Occidente alcanzaron riqueza sin restricciones y ahora intentan negar a otros la misma vía hacia el progreso.

Etiquetas: AnálisisMedio Ambiente

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El Tribunal Superior rechaza el recurso de Sharren Haskel contra el Likud El Tribunal Superior de Justicia rechazó este domingo por la noche el recurso de la diputada Sharren Haskel contra el Likud y la facción Derecha Estatal. Haskel pretendía ser reconocida como una facción unipersonal y obtener autorización para abandonar su grupo parlamentario antes de las elecciones a la 26.ª Knéset. Aunque los jueces desestimaron su petición, la sentencia advirtió que la fórmula escogida por ambas formaciones para aplicar sus acuerdos podría generar un problema jurídico al afectar el derecho de los diputados contrarios a una fusión a separarse de su facción. El origen del litigio se encuentra en el acuerdo suscrito en marzo de 2025 entre el Likud y Derecha Estatal, entonces denominada Nueva Esperanza. El pacto contemplaba originalmente la fusión Estatal con el Likud, siempre que recibiera la aprobación del Comité de la Knéset. También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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