El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el 14 de noviembre de 2025 en Ginebra una resolución que ordena a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Sudán realizar una investigación urgente sobre los asesinatos y otras violaciones graves del derecho internacional cometidas en El-Fasher, con el mandato expreso de identificar, cuando sea posible, a los presuntos responsables para facilitar su sometimiento a la justicia. La decisión se adoptó en una sesión especial dedicada a la situación en la capital de Darfur del Norte tras su captura por las Fuerzas de Apoyo Rápido a finales de octubre.
El mandato aprobado orienta a los investigadores a centrarse en los hechos ocurridos en la ciudad y sus alrededores durante y después de la toma de El-Fasher, con atención prioritaria a los homicidios de civiles, las ejecuciones selectivas por motivos étnicos, la violencia sexual, los secuestros y los ataques contra instalaciones y personal sanitarios. La resolución encomienda a la misión —ya activa para el conjunto del país— la recopilación y preservación de pruebas y la identificación de autores, en coordinación con los mecanismos de rendición de cuentas pertinentes.
La sesión especial tuvo lugar en el marco del trigésimo octavo periodo extraordinario del Consejo, convocado para abordar la situación de derechos humanos en y alrededor de El-Fasher en el contexto de la guerra en Sudán. La Oficina del Alto Comisionado había anunciado el 6 de noviembre la celebración de esta reunión, que reunió a Estados y expertos con el fin de examinar los hechos recientes y adoptar decisiones operativas.
En su intervención ante el Consejo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expuso denuncias de asesinatos masivos de civiles, ejecuciones por motivos étnicos, violencia sexual —incluidas violaciones en grupo—, secuestros y ataques contra centros de salud y personal humanitario. Señaló un patrón de atrocidades en Darfur y Kordofán e instó a adoptar medidas frente a quienes obtienen beneficios de la guerra. Durante la sesión, la jurista Mona Rishmawi, integrante del equipo de determinación de los hechos, presentó testimonios sobre matanzas y abusos de gran escala en El-Fasher.
Entre los hechos examinados, agencias y medios destacaron la matanza perpetrada el mes anterior en el Hospital Saudí de El-Fasher y sus alrededores, con más de 450 personas muertas, junto con informes de agresiones sexuales y ejecuciones sumarias. Los testimonios recogidos por organismos de la ONU señalaron que la magnitud de los abusos documentados afectó a amplias zonas de la ciudad.
La resolución se adoptó después de dieciocho meses de asedio sobre El-Fasher, que concluyeron con la entrada y posterior control de la ciudad por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido el 26 de octubre de 2025. En los días posteriores, la Agencia de la ONU para los Refugiados registró la huida de 26.000 personas y, a inicios de noviembre, otras estimaciones situaron en más de 70.000 el número de desplazados desde la capital de Darfur del Norte. Estas cifras se suman al desplazamiento interno extendido en el país desde el inicio de la guerra en 2023.
El mecanismo de investigación que asume con carácter urgente el examen de los crímenes en El-Fasher se integra en un marco institucional existente. El Consejo creó en octubre de 2023 una misión internacional independiente de determinación de los hechos para Sudán y, en 2025, decidió mantenerla y reforzarla ante el deterioro general de la situación. La misión ha presentado informes con hallazgos y recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en todo el territorio sudanés.
El contexto inmediato de la sesión incluyó advertencias públicas de expertos de la ONU sobre presuntas atrocidades perpetradas por las Fuerzas de Apoyo Rápido en El-Fasher y llamados a adoptar medidas urgentes de protección de la población civil. En la misma línea, representantes de la ONU y de la Unión Africana expusieron ante el Consejo que el riesgo de genocidio en Sudán es real y está en aumento, en particular tras la caída de El-Fasher bajo control de esas fuerzas.
En paralelo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional comunicó a comienzos de noviembre que, dentro de su investigación en curso sobre Darfur, inició actuaciones inmediatas respecto de los presuntos crímenes cometidos en El-Fasher, con el objetivo de preservar y recopilar pruebas utilizables en eventuales procesos. La coordinación entre los mecanismos de la ONU y la jurisdicción penal internacional forma parte del marco de cooperación habitual en situaciones de crímenes internacionales.
Durante el debate, la delegación sudanesa acusó a Emiratos Árabes Unidos de suministrar armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido, alegación que ese país rechazó, mientras expertos de la ONU y legisladores estadounidenses indicaron indicios de transferencias de material bélico hacia dichos paramilitares. Diversos Estados respaldaron la resolución que impulsa la investigación y reclamaron el acceso humanitario a las zonas afectadas.
La sesión especial se celebró tras una convocatoria del denominado grupo central, integrado por Alemania, Irlanda, los Países Bajos, Noruega y el Reino Unido. Sus representantes defendieron ante el Consejo un texto que prioriza la investigación de los crímenes cometidos en El-Fasher y la identificación de responsables. La presentación del grupo central abrió los trabajos, conforme a la práctica del Consejo en sesiones de esta naturaleza.
Las decisiones se basan en antecedentes del sistema de Naciones Unidas sobre El-Fasher. El 13 de junio de 2024, el Consejo de Seguridad exigió a las Fuerzas de Apoyo Rápido el levantamiento del cerco sobre la ciudad y reclamó la protección de los civiles y el acceso humanitario, en una resolución adoptada con catorce votos a favor y una abstención. A pesar de ese pronunciamiento, las hostilidades continuaron y derivaron en la caída de la capital de Darfur del Norte, lo que reactivó la intervención del Consejo de Derechos Humanos como órgano competente en la materia.
La Oficina del Alto Comisionado mantiene desde 2024 un registro de víctimas civiles en y alrededor de El-Fasher, con datos que ya entonces mostraron centenares de muertes y describieron un asedio sostenido con ataques indiscriminados, agresiones sexuales, saqueos y expulsiones forzadas. A finales de octubre de 2025, el portavoz de la oficina en Ginebra precisó que testigos ubicaron a personal de las Fuerzas de Apoyo Rápido en violaciones en grupo y en la selección de mujeres y niñas para agresiones sexuales bajo amenazas con armas de fuego, además de la expulsión violenta de familias refugiadas en instalaciones educativas.
El sistema humanitario de Naciones Unidas informó de nuevos desplazamientos hacia Chad y dentro de Sudán tras la toma de la ciudad, y advirtió sobre la carga sostenida para las comunidades de acogida y para las rutas de ayuda, con restricciones de acceso y riesgos de seguridad para el personal humanitario. El Alto Comisionado para los Refugiados y otras agencias solicitaron acceso sin trabas y recursos adicionales para atender a la población recién desplazada desde Darfur del Norte.
El expediente que la misión de determinación de los hechos debe elaborar a partir de la resolución incluirá testimonios de víctimas y testigos, análisis de imágenes satelitales, documentación forense y peritajes sobre los lugares de los hechos y los patrones de violencia, conforme a los métodos de trabajo establecidos por ese mecanismo. En la sesión del 14 de noviembre, los Estados miembros destacaron la necesidad de que ese producto investigativo identifique lo antes posible a los presuntos responsables para su eventual enjuiciamiento ante las jurisdicciones competentes, de conformidad con el derecho internacional aplicable.
