La Agencia Tributaria de Israel puso en marcha una amplia campaña para que decenas de yeshivas e instituciones de la Torá en todo el país puedan seguir ofreciendo desgravaciones fiscales a sus donantes.
La medida responde a una directiva emitida a principios de este año por la fiscal general, Gali Baharav-Miara, que ordenó a las autoridades denegar esos beneficios fiscales a las instituciones que matriculen a estudiantes que no hayan regularizado su situación con el ejército.
Como parte de la iniciativa, las instituciones deben demostrar que sus alumnos tienen resuelta su situación militar como condición para conservar la autorización prevista en el artículo 46 de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta, que permite a los donantes recibir desgravaciones fiscales por sus aportaciones.
La Agencia Tributaria envió cartas oficiales a las instituciones en las que exige a los directores de las yeshivas firmar declaraciones juradas. En ellas deben afirmar que ninguno de sus alumnos fue llamado a filas sin regularizar su situación legal y que la institución no cuenta con estudiantes clasificados como evasores del servicio militar.
Las yeshivas también tendrán que comprometerse a no admitir en el futuro a ningún alumno que no haya regularizado su situación militar mientras mantengan la autorización prevista en el artículo 46.
Además, la Agencia Tributaria exige a las instituciones presentar listas completas de todos los alumnos, con nombres y números de identificación, junto con documentación que confirme la situación militar de cada uno. Entre los documentos aceptados figuran la tarjeta de identificación de servicio activo, el certificado de baja, el certificado de exención o la confirmación de una fecha futura de alistamiento.
Según las directrices enviadas a las yeshivas, el incumplimiento de la presentación de los documentos requeridos o de las nuevas condiciones podría derivar en la revocación de la autorización de la Sección 46 de la institución. Esa decisión impediría a los donantes solicitar deducciones fiscales por sus aportaciones.
La directiva también exigía crear un equipo específico para estudiar formas de impedir la financiación indirecta de esas instituciones.
