Las tensas relaciones entre Israel y España cayeron a un nuevo mínimo. Por instrucción del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, la encargada de la Embajada de España en Israel, Francisca Pedrós, fue convocada hoy, lunes, a una severa reprimenda en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén. La conversación estuvo a cargo de Gilad Cohen, jefe del departamento político-estratégico del ministerio, tras unas declaraciones de la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien afirmó que la población de su país apoya la creación de un Estado palestino “del río al mar”.
En Jerusalén afirmaron que se trata de un lema cuyo significado práctico es la eliminación del Estado de Israel y sostuvieron que el episodio no es casual, sino parte de una política antiisraelí sistemática impulsada por el Gobierno de España y por su jefe, el presidente Pedro Sánchez.
No es la primera vez que la ministra Rego provoca un fuerte enfrentamiento con Israel. El 8 de septiembre de 2025, el ministro Saar anunció una prohibición total de entrada a Israel contra ella y contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La medida israelí se impuso entonces en respuesta a un paquete de medidas adoptado por Sánchez y fue condenada por Madrid, que calificó la prohibición de “inaceptable”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó hoy que las actuales declaraciones de Rego representan la línea del actual Gobierno en Madrid: “Las palabras de la ministra de Juventud, que en el pasado optó por no condenar la masacre del 7 de octubre y cuya entrada a Israel fue prohibida en septiembre de 2025, muestran la dirección del actual Gobierno de España: apoyo a una visión cuyo significado es la eliminación del Estado de Israel”.
La tensión actual se apoya en una serie de sanciones y medidas concretas promovidas por el Gobierno de Sánchez en septiembre de 2025 en torno a la guerra en Gaza. Entre esas medidas estuvo la incorporación a la ley del embargo de armas a Israel, que, según Madrid, ya se aplicaba de hecho desde octubre de 2023. También se impusieron restricciones al tránsito por puertos españoles de buques que transporten combustible destinado al uso de las fuerzas armadas de Israel, así como la prohibición de entrada en el espacio aéreo español a aeronaves que transporten material de defensa para Israel.
Más adelante ese mismo mes se aprobó un decreto gubernamental que estableció la prohibición de comprar y vender material de defensa y tecnologías de doble uso con Israel, y amplió las restricciones al tránsito de combustible militar por aire y mar. España también impulsó la prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos en los territorios palestinos, restringió los servicios consulares a ciudadanos españoles residentes en ellos, amplió el apoyo económico a la Autoridad Palestina y anunció €10 000 000 adicionales para la UNRWA, además de un objetivo de ayuda de €150 000 000 para Gaza durante 2026.
La crisis actual es el punto culminante de un distanciamiento diplomático sostenido entre Jerusalén y Madrid. España se ha situado como uno de los críticos más duros de Israel en Europa, especialmente después de reconocer formalmente al Estado palestino en mayo de 2024 y de actuar en el ámbito internacional para aumentar la presión diplomática sobre Israel. Las decisiones de septiembre de 2025 trasladaron el enfrentamiento del terreno de las declaraciones a medidas económicas y de seguridad concretas, y llevaron a la retirada temporal para consultas de la embajadora de España en Israel tras la prohibición de entrada impuesta a las ministras Rego y Díaz.
