El domingo, la Asamblea Provincial de Quebec aprobó un controvertido proyecto de ley que prohíbe a los nuevos funcionarios públicos exhibir símbolos religiosos durante su trabajo.
La prohibición se aplica a los velos musulmanes, las kipás judías, los turbantes sijs y los crucifijos.
Después de un acalorado debate, el gobierno de coalición derechista del primer ministro François Lego aprobó el Proyecto de Ley No. 21 con 73 votos a favor y 35 en contra.
Entre ellos figuraban agentes de policía, jueces, abogados, guardias de prisiones y maestros.
La nueva ley se aplicaría únicamente a los nuevos contratados y no afectaría al personal existente.
Quienes se oponen al proyecto de ley afirman que afecta a la libertad de expresión y a los derechos religiosos.
Sin embargo, se incluyó un texto en la legislación para excluir cualquier objeción haciendo referencia a la llamada cláusula de desconocimiento o al artículo 33 de la Constitución canadiense, que otorgaba al gobierno federal y a los gobiernos provinciales la facultad de suspender ciertos derechos. El artículo 33 de la Declaración es válido por un período de cinco años, tras el cual debe ser renovado.
Esta prohibición es contraria al multiculturalismo defendido por el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau.
Las investigaciones muestran que la mayoría de los residentes de Quebec apoyan la legislación. La comunidad judía es cautelosa.
“Estamos muy preocupados por las declaraciones del nuevo gobierno de Quebec sobre la prohibición de utilizar símbolos religiosos exhibidos por funcionarios del gobierno y en instituciones públicas”, dijo Harvey Levine, director regional de B’nai B’rith, en marzo, cuando se presentó el proyecto de ley, sugiriendo que “contradecía” los valores canadienses.
El gobierno declaró que esta medida -junto con la remoción de la cruz instalada en la casa principal de la Asamblea Nacional en 1936- puso de relieve la ruptura de Quebec con la religión hace medio siglo, cuando rechazó la poderosa influencia de la Iglesia Católica en la política local.
En octubre de 2017, el anterior Gobierno Liberal de Quebec aprobó un proyecto de ley que prohíbe las coberturas faciales para las personas que reciben servicios públicos.