La Unión Judía Francesa por la Paz presentó una denuncia contra la filial francesa de FedEx por transportar piezas de aviones de combate F-35 israelíes usados sobre Gaza.
La denuncia, dirigida a los fiscales antiterroristas franceses y consultada por AFP, acusa al gigante logístico estadounidense de “complicidad en el crimen de genocidio” por “el transporte y la entrega de componentes esenciales de aviones de combate desde Estados Unidos a Israel vía Francia”.
Según el documento, esas piezas se utilizaron “para mantener y reparar aviones de combate F-35 utilizados por la fuerza aérea israelí” en la Franja de Gaza.
FedEx respondió a AFP: “No realizamos entregas internacionales de armas ni municiones”.
La UJFP, un grupo antisionista, sustentó el caso en un informe del colectivo Urgence Palestine que catalogó 117 cargamentos transitados por París a través de la filial francesa de FedEx entre abril y octubre del año pasado. De ese total, 22 continuaron directamente hacia Israel, tres de ellos en aviones de FedEx matriculados en Francia. Los autores de la denuncia sostienen que la empresa “debía de conocer el contenido”.
Thomas Nayla, coordinador de la denuncia, reclamó un “embargo total” a la salida de componentes militares desde territorio francés.
Los fiscales federales belgas confirmaron a AFP que abrieron una investigación sobre uno de los envíos, que transitó por el aeropuerto de Lieja el 20 de junio de 2025.
Israel anunció el fin de todas las importaciones de armas procedentes de Francia tras las tensiones diplomáticas por el reconocimiento del “Estado de Palestina” por parte de París en septiembre. Israel ha rechazado de forma reiterada las acusaciones de genocidio en Gaza, asegura que busca minimizar las muertes de civiles y sostiene que Hamás utiliza a la población gazatí como escudo humano al combatir desde viviendas, hospitales, escuelas y mezquitas.
Otros países han impulsado acciones para frenar el envío de piezas de F-35 o de armamento a Israel. Países Bajos prohibió esas entregas en 2024, mientras que el Tribunal Superior británico rechazó en 2025 una demanda similar, pese a que Londres suspendió otras licencias de exportación de armas al Estado judío.
Desde el alto el fuego del 10 de octubre, el ejército israelí y Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua. El pacto puso pausa a dos años de guerra iniciada cuando el grupo terrorista palestino encabezó la invasión del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en la que murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles, y 251 fueron secuestradas y llevadas a Gaza.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras ONG acusan a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos en Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, cifra en más de 72.000 los muertos en la Franja durante la guerra —más de 600 desde el alto el fuego—, sin distinguir entre civiles y combatientes. El ejército israelí considera mayormente exacta esa cifra total y funcionarios de las FDI estiman que murieron entre dos y tres civiles por cada terrorista abatido.
En 2018, la UJFP recibió la orden de devolver subvenciones estatales que había obtenido para combatir el racismo y que destinó a acusar al Estado judío de provocar el antisemitismo.
