Harvard anunció que cumplirá con la solicitud del gobierno federal para entregar los formularios de verificación de empleo de sus empleados, aunque excluyó de esta entrega los registros de quienes ocupan cargos reservados exclusivamente a estudiantes. La universidad recibió una notificación de inspección y una citación del Departamento de Seguridad Nacional, que solicitó revisar los formularios I-9 y la documentación correspondiente.
Los formularios I-9 son utilizados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. para verificar la identidad y la autorización laboral de los empleados contratados en territorio estadounidense. Según Harvard, las regulaciones federales facultan al gobierno para revisar los documentos laborales de cualquier empleador en el país, incluidos los relativos a la elegibilidad de los trabajadores.
La universidad enfrenta un litigio contra la administración Trump con el objetivo de recuperar fondos federales que fueron congelados. La demanda fue interpuesta a comienzos del año. El presidente Trump ha advertido que recortará el financiamiento a universidades, con el argumento de que estas han permitido protestas contra Israel tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y han promovido programas vinculados al cambio climático, la diversidad y políticas de identidad de género.
Organizaciones defensoras de derechos han planteado inquietudes sobre el posible impacto de estas medidas en la libertad académica, el derecho al debido proceso y la libertad de expresión. Mientras tanto, Harvard señaló que aún evalúa si la solicitud gubernamental sobre empleados estudiantiles se ajusta a las disposiciones legales sobre privacidad.
Según información publicada por el New York Times, Harvard estaría dispuesta a destinar hasta $500 millones para cerrar el litigio con el gobierno, una cifra que supera más del doble del monto pagado por la Universidad de Columbia la semana anterior para resolver una investigación similar. El medio indicó que aún se discutían los términos financieros y que Harvard rechazaba permitir la supervisión de un monitor externo.
Por otro lado, el gobierno abrió el lunes una investigación sobre la Universidad de Duke y la revista Duke Law Journal con el propósito de determinar si su proceso editorial favorece a candidatos provenientes de minorías. Al día siguiente, notificó a la universidad sobre la congelación de $109 millones en fondos federales. Asimismo, formuló acusaciones contra la Universidad de California, Los Ángeles, por supuestas violaciones de la legislación federal sobre derechos civiles. Ninguna de las dos instituciones emitió comentarios.