La Universidad de California, Berkeley, informó que envió nombres de 160 estudiantes, profesores y personal a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos. La institución notificó a los afectados la semana pasada. Esta acción forma parte de una investigación federal sobre quejas relacionadas con presuntos incidentes de antisemitismo. El Departamento de Educación inició el proceso hace varios meses y requirió documentación específica.
La oficina del presidente de la Universidad de California indicó que la institución enfrenta supervisión de agencias federales y estatales. Sus campus reciben solicitudes de documentos de manera rutinaria para auditorías, revisiones de cumplimiento o investigaciones. “La UC se compromete a proteger la privacidad de nuestros estudiantes, profesores y personal en la mayor medida posible, mientras cumple con sus obligaciones legales”, expresó un portavoz.
El gobierno abrió investigaciones sobre acusaciones de antisemitismo en UC Berkeley y otras cuatro universidades en febrero. En los últimos meses, la universidad proporcionó numerosos documentos a la Oficina de Derechos Civiles, incluidos los nombres de las personas mencionadas en los informes. El gobierno no ofreció comentarios inmediatos sobre el asunto.
La administración de Donald Trump amenazó a varias universidades con la pérdida de fondos federales y el derecho a inscribir estudiantes internacionales. Estas medidas se centraron en instituciones de élite acusadas de no proteger a estudiantes judíos. Muchos colegios y universidades de Estados Unidos enfrentaron acusaciones de tolerar antisemitismo y manejar mal las protestas tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.
En ese ataque, los terroristas mataron a unas 1.200 personas y tomaron 251 rehenes, lo que inició la guerra en curso en la Franja de Gaza. Las manifestaciones antiisraelíes incluyeron respaldos a la violencia y apoyo a grupos terroristas. Estas protestas provocaron arrestos, suspensiones y expulsiones. Grupos propalestinos condenaron estas acciones como ataques a la libertad de expresión.
Manifestantes propalestinos, incluidos algunos grupos judíos, afirmaron que el gobierno equipara sus críticas a la guerra de Israel en Gaza y al control de áreas que los palestinos buscan para un futuro estado con antisemitismo. Además, vincularon su defensa de los derechos palestinos con apoyo al extremismo. Expertos expresaron preocupaciones sobre libertad de expresión, debido proceso y libertad académica ante las amenazas del presidente republicano.
Trump intentó deportar a manifestantes estudiantiles extranjeros propalestinos, aunque enfrentó obstáculos legales. La universidad también enfrenta una demanda de grupos judíos que la acusan de tolerar acoso antisemita hacia estudiantes y profesores judíos. En abril, el juez de distrito James Donato permitió que dos grupos judíos presenten reclamos de igualdad de protección, libre ejercicio de la religión y derechos civiles contra funcionarios escolares.
Entre los demandados figuran el presidente de la Universidad de California, Michael Drake, y la exrectora de UC Berkeley, Carol Christ. El gobierno resolvió investigaciones con la Universidad de Columbia, que acordó pagar más de $220 M, y la Universidad de Brown, que pagará $50 M. Ambas aceptaron demandas del gobierno. Las conversaciones para un acuerdo con la Universidad de Harvard continúan.
La administración Trump encontró obstáculos judiciales en su intento de congelar fondos federales. Propuso resolver la investigación en la Universidad de California, Los Ángeles, con un pago de $1 mil millones de la universidad. El gobernador de California, Gavin Newsom, rechazó la oferta y la calificó de intento de extorsión.