Viví en Afganistán bajo el régimen talibán. Como muchos, perdí a miembros de mi familia en asesinatos, en mi caso a mi padre y a mi hermano. A pesar de la opresión de las mujeres en mi país, mi familia siempre apoyó mi educación, y me motivó a estudiar derecho para intentar hacer justicia.
Incluso con tremendos obstáculos y juicios, logré convertirme en la primera mujer juez de mi provincia natal, Parwan. Aun así, me vi obligada a dictar sentencias con las que no estaba de acuerdo, debido a la legislación local. Además, al no tener un hombre en casa, bajo el régimen talibán me vi obligada a pagar a nuestros vecinos para que su hijo pequeño pudiera acompañarme si necesitaba salir de casa. Era una jueza y abogada muy preparada que tomaba decisiones importantes y aplicaba la ley, pero también se me consideraba tan baja en la sociedad que tenía que alquilar a un niño de 4 años solo para salir a comprar alimentos.
Bajo el régimen talibán, las mujeres acusadas de infringir estas restricciones se enfrentaban a duros castigos, a veces la pena capital, a menudo en público. Incluso con la condena internacional, estas represalias siguen produciéndose, y es probable que sean cada vez más frecuentes si no hay un esfuerzo unificado para detenerlas. Mi propio trabajo como defensora de los derechos de las mujeres me obligó a huir para salvar mi vida.
A medida que la retirada de Estados Unidos de Afganistán se acerca a su fin, también lo hace el regreso a un país plagado de opresión y violencia contra las mujeres. El resurgimiento gradual de los talibanes ha hecho que las amenazas y la brutalidad aumenten, y sin la presencia de las tropas occidentales, la necesidad de rendir cuentas a nivel mundial se vuelve vital.
Desde febrero de 2020, más de 400 mujeres han sido atacadas y asesinadas en Afganistán, la mayoría a manos de los talibanes. Dos de ellas eran compañeras juezas con las que trabajé en el Tribunal Supremo de Kabul, abatidas a tiros cuando iban a trabajar.
Este momento crucial de transición para mi país de origen se produce cuando millones de personas en todo el mundo también están experimentando lo que muchos llaman la pandemia en la sombra de la violencia contra las mujeres y las niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres del mundo sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida. Esto debe terminar.
Afortunadamente, se acerca el Foro de la Generación de la Igualdad de las Naciones Unidas, que sitúa la violencia de género entre sus principales prioridades. En previsión, yo, junto con más de 260 activistas por los derechos de las mujeres de 64 países, hemos escrito una carta pública a los líderes del Foro, instándoles a que consideren un tratado mundial para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas como una solución importante. Los cambios en las políticas, las inversiones y las asociaciones para eliminar la violencia de género son también fundamentales, pero no suficientes.
Existen tratados regionales para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y un acuerdo internacional contra la discriminación, pero no hay nada global, explícito, vinculante y actualizado para abordar la violencia de forma específica. Está claro que lo que tenemos actualmente no funciona.
“Durante demasiado tiempo, las activistas de los derechos de las mujeres como nosotras hemos asumido la carga de responder a la violencia contra las mujeres frente a enormes obstáculos, y en la medida de nuestras posibilidades”, dice nuestra carta. “Al hacerlo, nos jugamos la vida todos los días. … No se trata de que un país le diga a otro lo que tiene que hacer. Se trata de que las naciones se unan para adoptar una postura que ponga fin a la violencia contra las mujeres y las niñas de una vez por todas”.
Las activistas de los derechos de las mujeres en el Reino Unido y México han sido brutalmente golpeadas y maltratadas por la policía; o etiquetadas como “disidentes extranjeras” en Rusia. En Sudán del Sur, el gobierno ha amenazado con restablecer las leyes de orden público que hacen ilegal que las mujeres protesten. En Estados Unidos, el secretario de Interior está investigando por qué desaparecen tantas mujeres indígenas. Todos los países tienen demasiados ejemplos.
Un tratado mundial obligaría a formar y responsabilizar a policías, jueces y profesionales de la salud, aumentaría la financiación de los servicios para supervivientes, como refugios, líneas telefónicas de ayuda y asistencia jurídica, y exigiría educación para la prevención de la violencia, de modo que estos incidentes no se produzcan en primer lugar. Y, sobre todo, obligaría a las naciones a rendir cuentas entre sí, a pesar de las diferencias culturales o religiosas.
Me da escalofríos pensar que Afganistán vuelva a una época muy parecida a la que había antes de la llegada de las tropas estadounidenses y aliadas. Aunque las amenazas siguen existiendo, en las últimas dos décadas las condiciones para las mujeres han mejorado mucho.
Afganistán cuenta ahora con 3,5 millones de niñas matriculadas en la escuela y, desde el año pasado, el 21% de los funcionarios y el 27% de los parlamentarios son mujeres. Incluso la esperanza de vida ha aumentado entre las mujeres. Todo este progreso, que partió de cero bajo el régimen talibán, se desvanecerá tras la retirada de las tropas estadounidenses. En lugar de avanzar, permitiendo que más niñas tengan la libertad de ir a la escuela o simplemente de ir solas al mercado, retrocederemos.
Generation Equality ha declarado que su objetivo es “una aceleración permanente de la igualdad, el liderazgo y las oportunidades para las mujeres y las niñas de todo el mundo”. Esto no se logrará sin poner fin a la violencia contra nosotras. Necesitamos que todo el planeta se levante y diga no a estos actos atroces.
“El derecho a no sufrir violencia es un derecho humano universal”, dice nuestra carta. “No podemos seguir poniéndonos en peligro para ayudar a las mujeres una por una a resolver este problema. Esto no es seguro, ni escalable, ni sostenible”.
Un tratado mundial para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas recordará al gobierno de Afganistán, así como a los gobiernos de todo el mundo, que ciertos comportamientos son inaceptables, y que el mundo está mirando. Para nosotros, ésta no es una pandemia en la sombra, es la pandemia principal de nuestro tiempo.
La jueza Najla Ayoubi es la jefa de programas globales de Every Woman Treaty. Ha sido fiscal superior de la Oficina del Fiscal General de Afganistán, fiscal de la provincia de Parwan y jueza del Tribunal Provincial de Parwan. Actualmente vive en Los Ángeles.
