Un palestino fue condenado el 30 de junio a siete años de prisión con trabajos forzados tras ser declarado culpable de intentar vender tierras a judíos israelíes. El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue condenado por un tribunal de la Autoridad Palestina (AP) en la ciudad de Ramallah, capital de facto de los palestinos.
“El Tribunal de Primera Instancia de Ramallah, representado por los jueces Ramez Jamhour, Ramez Musleh y Amjad al-Sha’ar, emitió una sentencia en la que se condenaba al acusado por tratar de repartir parte de la tierra del Estado de Palestina en favor del enemigo”, informó la agencia oficial de noticias de la AP, Wafa. “Fue condenado a 7 años de prisión con trabajos forzados”.
“Repartirse” es el término que utiliza la AP para describir la transferencia de la propiedad de bienes inmuebles de un palestino a un judío israelí. El “enemigo”, no hace falta decirlo, se refiere a Israel.
La Autoridad Palestina recurre a este tipo de terminología vaga para evitar las críticas de la comunidad internacional por su política de castigar a cualquier palestino que venda su tierra o su casa a un judío israelí. La AP no quiere que el mundo sepa que tiene una ley que prohíbe la venta de propiedades al “enemigo” israelí.
En 2014, el presidente de la AP, Mahmud Abbas, modificó el artículo 114 del Código Penal jordano (1960), que está en vigor en las zonas controladas por la AP en Cisjordania. Según la ley jordana, la persona que intente cortar cualquier parte del territorio jordano para anexionarlo a un Estado extranjero será sometida a un mínimo de cinco años de prisión con trabajos forzados.
Abbas elevó la pena máxima a cadena perpetua con trabajos forzados para cualquier palestino que sea declarado culpable de vender o arrendar “parte de las tierras palestinas a un país extranjero o a un Estado hostil o a cualquiera de sus ciudadanos”.
En 2018, un tribunal de la AP condenó a un palestino-estadounidense a cadena perpetua por violar la ley. El acusado, Issam Akel, que tiene un documento de identidad israelí en su calidad de residente en Jerusalén, fue acusado de intentar vender propiedades en Jerusalén a judíos israelíes.
Fue condenado a pesar de las protestas de Israel y Estados Unidos. El entonces embajador de EE.UU. en Israel, David Friedman, dijo que el encarcelamiento de Akel era “antitético a los valores de Estados Unidos y de todos los que defienden la causa de la coexistencia pacífica”. Finalmente, la Autoridad Palestina se vio obligada a liberar a Akel en enero de 2019 por la presión del gobierno estadounidense.
Akel tuvo la suerte de ser liberado porque era titular de un pasaporte estadounidense. Otros palestinos que se han enfrentado a los mismos cargos, sin embargo, permanecen en las cárceles de la AP porque no son ciudadanos estadounidenses.
La sentencia del 30 de junio demuestra que la Autoridad Palestina está decidida a seguir castigando a los palestinos que sean sorprendidos vendiendo propiedades a judíos israelíes. El veredicto también pretende enviar una advertencia a los palestinos de que cualquiera que intente realizar transacciones inmobiliarias con judíos israelíes será encarcelado.
La guerra de la AP contra los palestinos sospechosos de vender propiedades a judíos israelíes no se limita a medidas legales. En los últimos años, las autoridades religiosas palestinas han emitido una serie de edictos que prohíben a los musulmanes participar en este tipo de tratos.
En 2018, el jeque Mohammed Hussein, el muftí palestino de Jerusalén, emitió una fatwa (dictamen islámico) que calificaba la “tierra de Palestina” como una dotación religiosa inalienable que no puede venderse a “los enemigos.” La fatwa prohíbe a los musulmanes “facilitar la transferencia de la propiedad de cualquier parte de Jerusalén o de la tierra de Palestina al enemigo [israelí]”. También pide a los musulmanes que boicoteen a quienes violen la fatwa e impidan que sean enterrados en cementerios musulmanes.
En 1996, Dar al-Ifta, el órgano consultivo islámico palestino encargado de emitir directrices religiosas, dictaminó que está prohibido que un musulmán venda tierras a los judíos. También instó a los musulmanes a boicotear a quienes participaran en esos tratos: se les considera “herejes y traidores”.
Desde la sentencia, varios palestinos han sido asesinados por presunta intermediación en la venta de tierras a judíos israelíes. Decenas de otros han sido detenidos por las distintas ramas de las fuerzas de seguridad de la AP. Tres sospechosos, que no fueron identificados, han sido condenados a 15 años de prisión, con trabajos forzados.
Según el Servicio de Seguridad Preventiva (PSS) de la Autoridad Palestina, la represión de los presuntos traficantes de tierras se está llevando a cabo de acuerdo con las instrucciones de la dirección política palestina. “La venta de propiedades [a judíos] supone una peligrosa amenaza para la seguridad nacional [palestina]”, dijo el PSS en un comunicado.
Cuando el PSS habla de los dirigentes palestinos, se refiere a Abbas y al gobierno de la AP en Cisjordania. En realidad, el PSS está admitiendo que Abbas y la dirección de la AP ordenaron a las fuerzas de seguridad palestinas que detuvieran a cualquier palestino sospechoso de vender propiedades a los judíos.
Se trata de los mismos dirigentes palestinos que ahora dicen a la administración Biden que están dispuestos a reanudar el proceso de paz con Israel.
Mientras las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina seguían persiguiendo a palestinos sospechosos de participar en transacciones inmobiliarias con judíos, Abbas dijo a los congresistas estadounidenses de visita el 8 de julio que está comprometido con una “paz justa y completa mediante negociaciones [con Israel] bajo los auspicios de los miembros del Cuarteto”, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas.
Sin duda, los congresistas desconocen que la ley de Abbas castiga a los palestinos por la supuesta venta de tierras a los judíos. También es seguro suponer que los congresistas desconocen los decretos religiosos islámicos que prohíben a los musulmanes incluso intentar participar en tales tratos. Los congresistas no conocen estos asuntos porque los principales medios de comunicación de Occidente rara vez informan sobre las políticas de apartheid de los dirigentes de la AP, incluida la prohibición de vender propiedades a los judíos.
Incluso si Abbas vuelve a la mesa de negociaciones con Israel, no podrá hacer ninguna concesión territorial a Israel debido a la ley y los edictos palestinos.
Abbas sabe que si hace tales concesiones, nunca disfrutará del privilegio de ser enterrado en un cementerio musulmán, según la decisión de su muftí y de los organismos religiosos islámicos.
Mientras tanto, Abbas no tiene ningún problema en decir a la administración Biden y a los miembros del Congreso lo que les gusta oír (sobre un proceso de paz con Israel y la llamada solución de los dos Estados) para recibir la ayuda financiera de Estados Unidos.
Abbas aceptará el dinero mientras al mismo tiempo sus fuerzas de seguridad persiguen a los palestinos que hacen negocios con los judíos.
