La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación con un solo objetivo: perjudicar al Estado de Israel. El tribunal ha abierto una investigación contra Israel centrada en los “asentamientos” israelíes en Judea y Samaria y en los posibles “crímenes de guerra” cometidos durante la guerra de Gaza de 2014.
La CPI fue establecida en 2002, por el Estatuto de Roma, y tanto los Estados Unidos como Israel se han negado a ser miembros, temiendo que la corte sea utilizada como un arma para cumplir con una agenda política.
La autoridad de la CPI así como la legitimidad de esta investigación ha sido cuestionada en el escenario mundial. Ocho miembros de la CPI, entre ellos Alemania, Canadá y Australia, han objetado formalmente la investigación contra Israel. Los Estados Unidos incluso han iniciado una investigación sobre la presunta corrupción de los funcionarios de la CPI, y el Secretario de Estado Mike Pompeo ha declarado que se trata de un “tribunal canguro”.
Para que la CPI comience una investigación, al menos una de las partes debe ser miembro de la CPI, y solo los Estados pueden ser miembros. Parecería que como Israel no es miembro, y no hay un Estado soberano de Palestina, sería imposible que se realizara una investigación. Actuando contra toda lógica aparente, la CPI ha permitido ahora que los palestinos sean considerados miembros, aunque no exista un Estado de Palestina.
Cuando la CPI se preparaba para investigar a Israel, se ha informado de que estaba trabajando con un comité de la Autoridad Palestina que incluía a terroristas conocidos. El líder palestino Saeb Erekat ha declarado que miembros de Hamás, representantes del Frente Palestino para la Liberación de Palestina (FPLP), y otros innumerables grupos fueron incluidos en este comité. ¿En qué mundo es aceptable que la Corte Penal Internacional, que se supone que investiga a los criminales, consulte con los terroristas antes de abrir una investigación?
Además, esta investigación se ha visto fuertemente influenciada por las quejas de organizaciones antiisraelíes, como Addameer y Al-Haq. Según un informe del Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública de Israel, el contador de Addameer era el líder de un grupo de terroristas que mató a un ciudadano israelí e hirió a otros dos. Además, el Director General de Al-Haq, Shawan Jabarin, ha sido condenado por reclutar y entrenar a miembros del FPLP. Estos son solo dos ejemplos de cómo terroristas conocidos se esconden a plena vista detrás de organizaciones legítimas. La promesa de mantener la imparcialidad al realizar una investigación ha sido reemplazada por el odio que los terroristas conocidos tienen hacia el Estado de Israel.
Por último, la fiscal principal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, fue una de las máximas autoridades de una dictadura que oprimía despiadadamente a sus ciudadanos. Antes de incorporarse a la CPI, Bensouda era el Ministro de Justicia de Gambia, cuyo ex presidente está acusado de orquestar asesinatos en masa, torturar a opositores políticos y violar a innumerables mujeres. Según el Centro de Estudios Estratégicos Began-Sadat, las víctimas de abusos de los derechos humanos han afirmado que Bensouda desempeñó un papel crucial en la asistencia a este régimen dictatorial. Después de apoyar abiertamente tal terror en sus propios ciudadanos, no se puede confiar en el juicio de Bensouda para dirigir esta investigación.
Hace seis años se presentó una denuncia contra Turquía ante la Corte Penal Internacional por parte de Shurat HaDin, una destacada organización de derechos civiles y miembro chipriota del Parlamento Europeo, que contenía las mismas acusaciones que Israel enfrenta hoy en día. La Fiscalía se negó a actuar y no respondió a esta denuncia. Independientemente de la afiliación política, todos pueden estar de acuerdo en que esta flagrante hipocresía demuestra que la Corte Penal Internacional no está actuando en nombre de la justicia y, en realidad, debe actuar con un motivo ulterior.
Sólo el año pasado, las Naciones Unidas aprobaron dieciocho resoluciones contra Israel y solo siete contra el resto del mundo. El movimiento BDS sigue creciendo y está decidido a estrangular la economía israelí liderando un boicot mundial de los productos israelíes.
Es hora de que abramos los ojos y reconozcamos lo que realmente representa la investigación de la Corte Penal Internacional: solo el último intento de deslegitimar, perjudicar y, en última instancia, destruir el Estado de Israel.
