Cada pocos meses, un ministro británico de Asuntos Exteriores sube a un podio y sermonea pomposamente a Israel sobre derecho internacional. En septiembre de 2025, Londres reconoció un “Estado de Palestina” sin fronteras acordadas ni dirigentes que hayan renunciado al terrorismo. Sus diplomáticos califican habitualmente de ilegal toda vivienda judía situada más allá de las líneas de armisticio de 1949, aunque el Cuarto Convenio de Ginebra no establece tal cosa.
La respuesta tentadora sería decir que Gran Bretaña, con su largo historial colonial, no es mejor que nadie. Después de todo, se trata de un país profundamente colonialista que todavía conserva las Malvinas, mantiene Gibraltar y se aferra a las islas Chagos, cuya población originaria expulsó por la fuerza. En 2019, la Corte Internacional de Justicia le indicó que pusiera fin a su administración de esas islas, y este abril Londres dejó en suspenso el tratado por el cual debía devolverlas.
Pero incluso esa respuesta, tan cierta respecto de su hipocresía, concede demasiado. Gran Bretaña violó abiertamente las obligaciones que tenía con el pueblo judío en virtud del derecho internacional vigente, precisamente cuando su cumplimiento suponía la diferencia entre la vida y la muerte. Israel, en cambio, siempre ha tenido el fundamento jurídico, histórico y moral más sólido de todas las partes de esta disputa.
No hay comparación posible, y la constante exhibición de superioridad moral británica merece el lugar principal en el teatro del absurdo criminal. Pasemos ahora a sus crímenes.
El Mandato para Palestina, confirmado por la Sociedad de Naciones en 1922, reconocía el vínculo histórico del pueblo judío con la tierra y obligaba a Gran Bretaña, en su artículo 6, a facilitar la inmigración judía y fomentar el asentamiento judío concentrado en ella. Esa era la condición bajo la cual se le había concedido autoridad. Gran Bretaña no tardó en invocar una cláusula que había introducido astutamente en el Mandato para cerrar cerca de tres cuartas partes del territorio al asentamiento judío y entregárselo al emir Abdalá como Transjordania. El hogar nacional judío quedó reducido en más del 75 % antes de tener siquiera la oportunidad de existir. Por eso, “Jordania es Palestina” constituye una descripción histórica realmente exacta.
Después llegó el Libro Blanco de mayo de 1939, que limitó la inmigración judía a 75.000 personas durante cinco años y, de forma asombrosa, supeditó toda entrada posterior al consentimiento árabe. La Comisión Permanente de Mandatos de la Sociedad de Naciones consideró que esa política era incompatible con el Mandato, y Winston Churchill la denunció como una repudiación de la promesa de Balfour. Gran Bretaña la aplicó de todos modos durante nueve años.
El momento en que lo hizo es lo que vuelve esa decisión imperdonable para siempre. En 1939, el régimen nazi todavía no había pasado al asesinato sistemático. Su política consistía en expulsar a los judíos y despojarlos de sus bienes durante el proceso. Por el impuesto de huida del Reich y las normas monetarias punitivas, los judíos que abandonaban Alemania en 1938 perdían, en promedio, más del 90 % de todo lo que poseían. Después de la Noche de los Cristales Rotos, el régimen impuso a sus propias víctimas una multa de mil millones de marcos del Reich por los destrozos causados por las turbas. Al estallar la guerra, unos 400.000 judíos habían escapado de Alemania y Austria. La salida del Reich estaba abierta. Lo que los judíos necesitaban era una puerta abierta al otro lado.
La mayoría de las democracias les negó brutalmente esa puerta. Estados Unidos restringió sus propias cuotas migratorias. En 1933 solo cubrió el 5 % de la cuota correspondiente a Alemania y, durante la guerra, dejó sin utilizar el 90 % de las plazas reservadas a personas procedentes de países controlados por el Eje. Ese historial pérfido es moralmente vergonzoso y merece una condena severa. Pero, en términos estrictamente jurídicos, Estados Unidos no tenía la obligación de admitir a los judíos europeos. Gran Bretaña sí.
Cuando Gran Bretaña cerró esa puerta, no se limitó a negarse a ayudar. Violó el derecho internacional en el momento preciso en que aquella salida era más necesaria.
El 23 de octubre de 1941, Heinrich Himmler prohibió la emigración judía. Ese mismo mes salieron de Berlín los primeros trenes de deportación hacia el este y, pocas semanas después, los judíos alemanes eran fusilados en fosas a las afueras de Kaunas y Riga. Puede que Gran Bretaña no introdujera el gas en las cámaras, pero sin duda contribuyó a que los judíos acabaran allí. Cerró con cerrojo la única salida legal cuando todavía podía salvarlos y la mantuvo cerrada.
En marzo de 1943, cuando los gobiernos aliados ya conocían el exterminio, el secretario de Estado Cordell Hull presionó al ministro británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, para rescatar a los judíos amenazados en Bulgaria. Eden advirtió que tal ofrecimiento generaría exigencias de hacer lo mismo por los judíos de Polonia y Alemania y que “Hitler bien podría aceptarnos una oferta semejante”. El temor no era que el rescate fracasara, sino que pudiera tener éxito.
Con ese mismo espíritu, Gran Bretaña negó la entrada al Struma hasta que casi 800 refugiados murieron en el mar Negro, internó a más de 50.000 supervivientes del Holocausto detrás de alambradas en Chipre y envió de regreso a Alemania a los pasajeros del Exodus.
La posición de Israel, por el contrario, se sostiene por sus propios méritos. El artículo 80 de la Carta de las Naciones Unidas preserva los derechos establecidos bajo los mandatos. Según el principio de uti possidetis juris, un Estado nuevo hereda los límites de la unidad administrativa que lo precedió, y esa unidad era la Palestina bajo mandato británico. La anexión de Judea y Samaria por Jordania en 1950 no fue reconocida prácticamente por nadie, salvo Gran Bretaña (y quizás Pakistán e Irak, pero esa es otra historia). Naturalmente, ellos sí la reconocieron. En 1967, Israel tomó esas zonas en una guerra de legítima defensa frente a las intenciones genocidas de los árabes, sin desplazar a ningún soberano legítimo, porque no lo había.
Más allá de la historia y la legalidad, el contraste moral es todavía más pronunciado. En 1951, Irak congeló los bienes de todos los judíos que se habían inscrito para abandonar el país, una repetición de la fórmula de expulsión y despojo que adoptó buena parte del mundo árabe. Gran Bretaña cerró las puertas cuando los judíos necesitaban desesperadamente huir, mientras que Israel las abrió de par en par.
La Ley del Retorno es exactamente lo contrario del Libro Blanco. Israel acogió a los supervivientes que Gran Bretaña había encarcelado en Chipre, a más de 800.000 judíos víctimas de limpieza étnica en países árabes y musulmanes, a los judíos de Etiopía y a un millón de personas procedentes de la antigua Unión Soviética. Hizo todo eso mientras luchaba por su supervivencia frente a múltiples enemigos genocidas.
Y así llegamos a la deuda que sigue pendiente. Alemania Occidental, el país que construyó los campos de exterminio, aceptó su obligación mediante el Acuerdo de Luxemburgo de 1952. Gran Bretaña nunca ha reconocido su responsabilidad, nunca ha pedido disculpas y nunca ha pagado ni un centavo. Sin embargo, en 2013 indemnizó a más de 5.000 kenianos que sufrieron abusos durante la rebelión Mau Mau, con lo cual admitió que una potencia colonial puede contraer una deuda por la manera en que gobernó.
Las reparaciones deberían comenzar con un reconocimiento formal de que el Libro Blanco violó el Mandato y costó vidas judías. Después deberían incluir indemnizaciones para las víctimas del Holocausto que no pudieron escapar a la Palestina bajo mandato británico y para el Estado de Israel, que asumió casi por completo el enorme costo de acoger, defender y rehabilitar precisamente a los supervivientes cuya entrada Gran Bretaña había tratado de impedir.
Vivo en Samaria, a poca distancia en automóvil de Shiló, donde estuvo el Tabernáculo durante siglos, y de Siquem, donde está enterrado José. Nuestro derecho sobre esta tierra no fue expedido por una oficina colonial ni concedido en una conferencia. Está escrito por el Creador en nuestras Escrituras, enterrado en su suelo y presente en tres mil años de oraciones dirigidas hacia ella. El Mandato no creó ese derecho. Lo reconoció y lo incorporó al derecho internacional.
A Gran Bretaña se le confió una responsabilidad sagrada y la traicionó cuando esa traición significó la muerte de incontables judíos. Israel recibió un resto quebrantado y dividido de lo que se le había prometido en virtud del derecho internacional, y sobre él construyó una nación de refugio, ley y fe. No necesitamos compararnos con Gran Bretaña y, desde luego, no tenemos por qué aceptar sus juicios moralmente arruinados y basados en errores de hecho. Guárdense su hipocresía y su falsa moral para su imperdonablemente sangrienta hora del té y paguen su maldita deuda, moral y económica.
