Los primeros signos de un cambio muy necesario pueden verse en las medidas adoptadas recientemente por el nuevo gobierno israelí en respuesta al recurso de la Autoridad Palestina ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ).
Cuando se trata de violaciones de los Acuerdos de Oslo por parte de la Autoridad Palestina —como su apoyo al terrorismo, la incitación permanente y las actividades unilaterales en foros internacionales—, los anteriores gobiernos israelíes han evitado la confrontación directa.
Esta reticencia se debía a la preocupación de que las represalias tuvieran consecuencias políticas no deseadas. En consecuencia, muchas veces se ha dado largas al asunto para limitar las consecuencias. Puede que los anteriores gobiernos israelíes pensaran que la Autoridad Palestina era mala, pero ¿qué otra cosa podían hacer?
El gobierno israelí ha dejado claro que ya no hará la vista gorda cuando la Autoridad Palestina viole unilateralmente los compromisos firmados y siga financiando, incentivando y alabando el terrorismo, decidiendo desde el principio imponer una serie de sanciones a la Autoridad Palestina.
En primer lugar, de acuerdo con una próxima orden judicial contra la Autoridad Palestina, se destinaron 40 millones de dólares de ingresos fiscales recaudados por Israel a indemnizar a las familias de las víctimas del terrorismo. Después, el gabinete decidió poner en vigor la Ley de Congelación de Fondos del Terror, que toma el dinero destinado a la Autoridad Palestina y deduce la cantidad pagada a los terroristas y sus familias.
Después de mucho hablar, se actuó sobre el terreno cuando se denegaron los permisos VIP a los funcionarios de la Autoridad Palestina que encabezaban la campaña de “lawfare” contra Israel. La zona C de Judea y Samaria, que en los Acuerdos de Oslo quedó totalmente bajo control israelí, está vedada a los palestinos que deseen construir ilegalmente y sin los permisos adecuados. Se aplicará un mayor escrutinio a una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG) que utilizan el disfraz de la ayuda humanitaria para financiar en realidad organizaciones terroristas. Estas medidas son los primeros elementos cruciales para un cambio radical en la política hacia la Autoridad Palestina.
La Autoridad Palestina ha sido y sigue siendo una grave amenaza estratégica para la seguridad de Israel. Aunque ha estado implicada en el terrorismo desde su fundación, Israel sigue considerándola una fuerza para la estabilidad. De hecho, la Autoridad Palestina está avanzando hacia acciones desestabilizadoras como demandar a Israel ante la CPI, liderar resoluciones de la ONU dirigidas contra Israel y pedir a la CIJ que investigue la situación en Judea y Samaria, todo ello en clara violación de sus compromisos de Oslo.
Los pagos efectuados por la Autoridad Palestina a los terroristas son la más acuciante de estas preocupaciones. Durante décadas, estos pagos han sido ordenados por la Autoridad Palestina. Cada terrorista palestino que asesina o intenta asesinar a israelíes inocentes recibe un estipendio mensual de la Autoridad Palestina que oscila entre 4.000 y 3.500 dólares. Al terrorista que se encuentra en una prisión israelí o a la familia de un terrorista muerto en combate se le prometen pagos por adelantado, que se les envían por cable. Los terroristas que han sido liberados de las prisiones israelíes siguen recibiendo sus salarios de por vida. Además de proporcionarles asistencia sanitaria y educación gratuitas, la Autoridad Palestina garantiza que los terroristas liberados tendrán un puesto seguro dentro de la infraestructura de la Autoridad Palestina, ya sea como empleados fantasma o como empleados reales.
El palestino medio ve esto como algo parecido a ganar la lotería. Un salario vitalicio de 3.500 dólares al mes es ocho veces superior al salario mínimo palestino y cuatro veces superior al salario medio. Un terrorista convicto recibe el mismo salario que un juez del Tribunal Supremo palestino, que es cinco veces superior al de un profesor o un ingeniero. Todos podemos ver el evidente riesgo para la seguridad que esto supone.
La Autoridad Palestina también es culpable de incitar abiertamente al odio contra los judíos en sus instituciones educativas. Sus libros de texto promueven la Yihad como una forma de vida loable para los jóvenes palestinos. Celebra abiertamente los atentados terroristas en sus páginas de las redes sociales y cambia el nombre de los espacios públicos por el de terroristas.
La Autoridad Palestina también paga estipendios a árabes israelíes que se radicalizan y se unen a actividades terroristas. En estos momentos, la Autoridad Palestina paga mensualmente un salario a ciudadanos árabes israelíes por su participación en el asesinato o intento de asesinato de ciudadanos judíos de Israel. La situación está siendo examinada por los legisladores, que están estudiando una ley para despojar a estas personas de su ciudadanía israelí.
Parte de la estrategia de la Autoridad Palestina consiste en elogiar abiertamente a los árabes israelíes por sus actos violentos. La semana pasada, altos cargos palestinos viajaron a Israel para celebrar el regreso de un terrorista árabe israelí que había sido juzgado por su participación en el brutal asesinato del soldado israelí Avraham Brumberg en 1980: Karim Yunes. Entonces, el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, les prohibió la entrada en el país.
La Autoridad Palestina es, en realidad, una organización de apoyo al terrorismo cuyos dirigentes han demostrado repetidamente su dedicación al objetivo último de la destrucción de Israel. Su credibilidad como socio para la paz ha quedado destrozada por sus acciones cotidianas y su política bien calculada, basada en la ley y respaldada por sus máximos dirigentes.
Dado que la Autoridad Palestina no ha dado muestras de cambiar de actitud, el nuevo gobierno israelí debería abandonar su política de contención y preservación del statu quo y, en su lugar, buscar enfoques novedosos para gobernar a los palestinos.