El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una acción histórica contra un régimen que durante años exportó violencia, narcóticos e inestabilidad mucho más allá de sus fronteras.
En una operación conjunta en la que intervinieron fuerzas armadas y fuerzas del orden estadounidenses, el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y extraídos del país. Venezolanos en distintas regiones del mundo salieron a las calles para celebrar el derrumbe de una dictadura caracterizada por la represión sistemática y el abuso del poder.
La Operación Resolución Absoluta constituyó una demostración concreta de la capacidad, la contención y la voluntad del presidente Donald Trump de actuar en defensa del pueblo estadounidense y de llevar a los responsables ante la justicia. Al mismo tiempo, dejó al descubierto una realidad incómoda para Europa: frente a una amenaza real que afecta directamente la seguridad de los ciudadanos, Estados Unidos opta por actuar con decisión, mientras otros prefieren refugiarse en formulaciones abstractas del derecho internacional.
La reacción de la mayoría de los aliados de Europa occidental expuso hasta qué punto esos gobiernos, considerados los más cercanos culturalmente a Estados Unidos, se han distanciado de la realidad operativa y se han encerrado en una lógica obsesiva por los procedimientos. El reflejo automático no fue evaluar el resultado ni la naturaleza del régimen afectado, sino cuestionar el método empleado para ponerle fin.
El canciller alemán Friedrich Merz calificó la intervención como jurídicamente “compleja”, llamó a la cautela y reiteró que el derecho internacional debía seguir siendo el marco rector. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, condenaron la operación por considerarla una violación del derecho internacional.
El liderazgo de la Unión Europea emitió una declaración conjunta, respaldada por 26 Estados miembros, con los habituales llamados a la contención y al respeto de la Carta de la ONU. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se apresuró a subrayar la no participación británica y a reafirmarse como defensor permanente del derecho internacional.
Estas reacciones no sorprenden. Son previsibles y, precisamente por ello, reveladoras.
Durante décadas, el proyecto europeo ha privilegiado de forma sistemática la deliberación interminable por encima del ejercicio efectivo del poder. En no pocos momentos, Estados Unidos también incurrió en ese error, anteponiendo el proceso al resultado antes de la llegada de Trump. La falta de consenso político y de respaldo social para una política de defensa seria llevó a las instituciones europeas a sustituir la seguridad dura por una autoridad normativa débil. El llamado “orden basado en reglas” se sostuvo más por su comodidad retórica que por su eficacia real, ya que exige poca capacidad para imponerlo.
No existe nada complejo en identificar a un régimen que traficó grandes volúmenes de drogas más allá de las fronteras estadounidenses, que alimentó de manera directa a organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y que desestabilizó a países vecinos mientras reprimía a su propia población. Tampoco hay nada principista en invocar el derecho internacional como un fin en sí mismo cuando ese mismo entramado jurídico ha fracasado de forma reiterada en contener a actores violentos que lo utilizan sin escrúpulos.
El derecho internacional no detuvo a Maduro. Los comunicados severos no erosionaron su control del poder. Años de gestiones diplomáticas no produjeron una transición. La acción militar ordenada por el presidente Trump sí generó un desenlace concreto.
En paralelo, los gobiernos europeos han debilitado de forma deliberada su propia posición estratégica. Cerraron sectores de industria pesada, deslocalizaron producción crítica y subordinaron la resiliencia económica a objetivos ideológicos en materia climática. Abrieron sus fronteras a una migración masiva que tensiona la cohesión social y compromete la seguridad interna. A medida que estas presiones aumentan, la capacidad de imponer estándares pierde relevancia frente a la necesidad de controlar fronteras, proteger cadenas de suministro y disuadir adversarios. En este contexto, no resulta extraño que los líderes de la UE sean cada vez menos influyentes incluso en su entorno inmediato.
Desde esa posición de debilidad, las élites europeas aún se permiten dar lecciones a Estados Unidos por actuar contra Maduro en defensa de su población, pese a que tampoco reconocen formalmente su liderazgo. Esa actitud delata a una clase dirigente más preocupada por preservar una cosmovisión procedimental que por enfrentar los hechos concretos sobre el terreno.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ofreció una valoración más lúcida al admitir que una intervención estadounidense puede ser legítima cuando los Estados utilizan redes criminales y amenazas híbridas contra otros países. Su postura, a diferencia de la mayoría de Europa occidental., cuando es necesario, el uso pragmático del poder duro.
El presidente Trump acertó al afirmar que ninguna otra nación habría podido ejecutar esta operación. por capacidad militar y por la disposición a cerrar la brecha entre el discurso y la acción que afecta a muchos aliados. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió a Trump como un presidente orientado a la acción. Esa actitud marca una ruptura clara con la ortodoxia occidental posterior a la Guerra Fría, que asumía que los problemas podían gestionarse únicamente mediante instituciones, incentivos y normas.
La primacía del poder blando fracasó. No disuadió a Rusia. Fortaleció a China en los planos económico y estratégico. Cedió influencia en África y América Latina a potencias rivales. Dejó a Europa incapaz de moldear resultados incluso allí donde sus intereses son más directos.
La incomodidad de muchas élites europeas frente a Trump nace de esta ruptura con un modelo agotado.
Trump rechaza el declive administrado y se niega a limitarse a observar. Rechaza la idea de que las naciones occidentales deban disculparse por defenderse o delegar su autoridad en instituciones que no comparten sus intereses. Afirma que la paz se sostiene en la fortaleza, la confianza y la disposición a actuar.
Esta cosmovisión amenaza un consenso europeo construido sobre la duda permanente y el procedimentalismo. Sin embargo, a través del ejemplo, puede señalar un camino hacia la renovación. Estados Unidos no exige que Europa se convierta en Estados Unidos. Le plantea una pregunta directa: si aún está dispuesta a defender a su población y su soberanía, o si prefiere seguir siendo un espectador que emite comunicados mientras otros toman decisiones.
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos eligió actuar en defensa de su pueblo y en nombre de la justicia. Europa debería preguntarse por qué esa decisión le resultó ajena y qué consecuencias tendrá persistir en evitarlas.
