La evaluación de los servicios de seguridad israelíes sobre Hamás plantea un obstáculo para el plan de paz que promueve la administración de Donald Trump en Gaza. Mientras Washington impulsa su aplicación, altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han compartido con oficiales estadounidenses y dirigentes políticos de Israel información de inteligencia elaborada por el ejército y el Shin Bet. La conclusión es que Hamás recupera su capacidad militar y no tiene intención de entregar voluntariamente sus armas.
Fuentes familiarizadas con esos datos, citadas por Haaretz, calificaron de “inequívoca” la evaluación israelí sobre el desarme. Sin embargo, los servicios de inteligencia no han identificado una fecha fijada por Hamás para reiniciar las hostilidades ni un plan operativo organizado para hacerlo. La recuperación de sus fuerzas se vincula a la posibilidad de nuevos combates, no a un ataque con fecha establecida.
Los responsables militares israelíes tampoco creen que Hamás vaya a depositar su arsenal en manos de un organismo internacional. Sostienen que para desarmarlo serían necesarias nuevas operaciones militares, incluso en territorios de Gaza que no están actualmente bajo control israelí. En esas zonas, el grupo conservaría reservas de armamento y habría restaurado gran parte de sus túneles.
Durante la guerra, las FDI evitaron operaciones terrestres en determinados sectores, entre otras razones, por la preocupación de que allí permanecieran rehenes. Los cálculos militares recogidos por Haaretz atribuyen ahora a Hamás entre 30.000 y 40.000 integrantes. Los funcionarios de seguridad israelíes consideran, además, que el grupo ha recuperado su autoridad de gobierno sobre Gaza.
La situación de los clanes palestinos es otra parte de esa evaluación. Tras perder gran parte de su influencia, no constituirían una oposición significativa al poder de Hamás. Esto también genera dudas sobre la posibilidad de que esos grupos formen una autoridad alternativa para administrar la Franja.
La financiación de Hamás constituye otro elemento de la información examinada por Israel. Funcionarios de seguridad citados por Haaretz identifican a Irán y Turquía entre sus principales fuentes de fondos. Buena parte del dinero llegaría en monedas digitales, que el grupo transforma en efectivo mediante presiones sobre cambistas de Gaza: por cada $130 en activos digitales, exige la entrega de $100 en efectivo.
En el ámbito humanitario, los militares israelíes prevén que el invierno agrave las condiciones de vida de la población de Gaza. También atribuyen a Hamás la intención de aprovechar ese deterioro para impulsar una campaña internacional que aumente la presión diplomática sobre Israel.
Las autoridades israelíes mantienen diferencias sobre cómo responder públicamente a esa situación. En una reunión a puerta cerrada, en la que participaron representantes de las FDI, el Ministerio de Exteriores, el Consejo de Seguridad Nacional y otras instituciones, responsables militares defendieron la elaboración de una estrategia coordinada de comunicación. Querían actuar antes de que los medios internacionales difundieran imágenes de tiendas de campaña inundadas, personas afectadas por la escasez e infraestructura destruida.
Otros funcionarios rechazaron esa iniciativa. Consideraron que una campaña anticipada podía concentrar todavía más atención en las condiciones de Gaza. Las fuentes citadas por Haaretz también describieron el temor a que esa exposición pusiera de manifiesto compromisos adquiridos por Israel ante Washington que siguen pendientes, con el consiguiente riesgo de nuevas presiones del gobierno de Trump.
Una de las diferencias concretas afecta a dos instalaciones de tratamiento de aguas residuales dañadas durante la guerra. Estados Unidos sostiene que Israel ya se comprometió a permitir su reconstrucción, pero las FDI y el Shin Bet se oponen por la posibilidad de que Hamás desvíe los materiales de construcción hacia la reparación de su infraestructura militar.
La guerra comenzó después de los ataques encabezados por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Aquellos ataques dejaron 1.200 muertos y 251 personas tomadas como rehenes. Desde entonces, la destrucción ha afectado extensas zonas de Gaza, donde cientos de miles de residentes viven sin viviendas suficientes ni servicios adecuados de saneamiento.
Las FDI calculan que unos 600 camiones con alimentos, tiendas de campaña, mantas y ropa de abrigo ingresan cada día en Gaza. También cifran en alrededor de 70 litros diarios por persona el suministro actual de agua, que procede de conducciones desde Israel y de otra desde Egipto financiada por Emiratos Árabes Unidos.
El ejército israelí sostiene que la disponibilidad de agua es la mayor desde el inicio de la guerra y que la situación humanitaria de Gaza se encuentra en mejores condiciones que en cualquier otro momento de la guerra iniciada en 2023. Esa valoración convive con la destrucción generalizada y con las carencias de alojamiento y saneamiento que afectan a cientos de miles de civiles.
