Varios gobiernos europeos expresaron el lunes su rechazo a los recientes avances legislativos de Israel contra la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Consideraron que la norma aprobada por la Knéset vulnera el derecho internacional y acarrea “graves consecuencias humanitarias”.
Mediante una declaración conjunta, España, Irlanda, Noruega, Luxemburgo, Malta, Eslovenia e Islandia pidieron a Israel anular la ley, aprobada en tercera lectura el lunes anterior por 59 votos a favor y 7 en contra. El texto ordena cortar electricidad, agua y otros servicios básicos a la agencia.
La legislación obliga a proveedores de electricidad y agua a suspender o negar el suministro a las instalaciones de la UNRWA, además de impedir servicios de comunicaciones, bancarios o financieros. Las medidas buscan aislar operativamente a la agencia y limitar de forma severa su funcionamiento en las zonas afectadas.
La UNRWA —Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo— ofrece educación, atención médica y ayuda humanitaria a millones de palestinos en Gaza, Judea y Samaria, Jordania, Líbano y Siria. Israel sostiene que más del 10 % de su personal en Gaza mantiene vínculos con grupos terroristas.
Según Israel, centros educativos bajo la gestión de la UNRWA fomentan de forma sistemática el odio contra el país y exaltan el terrorismo. Estas acusaciones sustentan la posición del gobierno israelí frente a la agencia y explican su impulso a nuevas restricciones legales y administrativas.
La medida aprobada ahora modifica dos leyes avaladas por el Parlamento en octubre de 2024. Esas normas prohíben a la UNRWA operar en territorio israelí y limitan su actividad en Gaza y Judea y Samaria al impedir cualquier contacto con autoridades estatales.
En su comunicado, los siete países europeos afirmaron que estas disposiciones “socavan el mandato de la ONU, violan el derecho internacional y contravienen las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia, al tiempo que conllevan graves consecuencias humanitarias para la población civil palestina y los refugiados”.
Los gobiernos también reclamaron a Israel revertir otra decisión reciente: la cancelación de licencias a cerca de tres decenas de organizaciones humanitarias, lo que les impide operar en Israel o en territorios palestinos. Definieron a estos grupos como “esenciales” ante la situación humanitaria existente.
La semana pasada, Israel inició el proceso para revocar las autorizaciones de 37 organizaciones, entre ellas Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego para los Refugiados, Oxfam y Medical Aid for Palestinians. El gobierno alegó incumplimientos de los nuevos requisitos de registro.
Las organizaciones afectadas deben cesar sus actividades antes del 1 de marzo. Naciones Unidas advirtió que esta exigencia intensificará la crisis humanitaria en el enclave palestino, al reducir de forma drástica la capacidad operativa de los actores humanitarios sobre el terreno.
En la declaración conjunta, los países europeos señalaron que las ONG vetadas “constituyen una parte significativa de todos los servicios humanitarios y, especialmente, de los servicios de salud en Gaza y Judea y Samaria”.
“El trabajo de la ONU, en particular de la UNRWA, junto con otras organizaciones humanitarias y ONG, es esencial para afrontar la catastrófica situación humanitaria y para proporcionar asistencia que salva vidas y servicios esenciales a la población civil en Gaza, el Territorio Palestino Ocupado y la región en general”, afirma el texto.
“Subrayamos la obligación de garantizar un acceso humanitario pleno, seguro y sin obstáculos y de permitir el funcionamiento continuado de las operaciones humanitarias de la ONU y de sus socios, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes”, añade.
“El respeto de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario es imperativo”, concluye la declaración difundida por los siete Estados europeos firmantes.
En marzo, Israel otorgó un plazo de diez meses a las ONG para adaptarse a las nuevas normas, que exigen la “divulgación completa del personal, las fuentes de financiación y las estructuras operativas”. Ese plazo venció el miércoles.
Algunas organizaciones sostienen que estas exigencias vulneran o erosionan el derecho internacional humanitario. Israel recibió críticas internacionales en la antesala del vencimiento, aunque mantuvo su postura y defendió las regulaciones como un medio para impedir el apoyo al terrorismo en Gaza y Judea y Samaria.