El lunes por la noche, el gobierno aprobó por unanimidad una propuesta del vice primer ministro y ministro de Justicia, Yariv Levin, para poner fin de forma inmediata al mandato de la fiscal general Gali Baharav-Miara.
El gobierno tiene previsto iniciar sin demora el proceso de nombramiento de su reemplazo, a pesar de la postura de la Corte Suprema, que sostiene que no debe designarse a un nuevo titular hasta que concluya el mandato vigente.
Durante la reunión del gabinete, el ministro Levin criticó la actuación de Baharav-Miara y la acusó de incurrir en contradicciones. “En la sección D-1 de su carta, afirma que existe una buena cooperación con el gobierno. Pero en la sección D-2, sostiene que sus dictámenes jurídicos son descartados de manera sistemática. Si realmente hay cooperación, ¿cómo pueden ignorarse sus opiniones?”, expresó Levin. “Esa afirmación de cooperación es absurda. En cada cuestión jurídica y política clave, ella se ha alineado con la oposición, incluso en asuntos marginales como la ley sobre el pago de cuotas al Colegio de Abogados”.
Levin también rechazó las afirmaciones que vinculan el despido de Baharav-Miara con el juicio en curso contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. “Ella insinúa que su participación en el juicio del primer ministro la protege frente a una destitución. Esa es una insinuación sumamente peligrosa”, declaró. “Su destitución no tiene relación alguna con el juicio; ninguno de los motivos invocados está vinculado a ese proceso”.
Pese a la votación, se espera que Baharav-Miara continúe temporalmente en funciones y se presente a trabajar al día siguiente. Mientras tanto, varios ministros de alto rango han manifestado que solo colaborarán con sus suplentes hasta que se concrete un nuevo nombramiento.
En conversaciones privadas, Levin habría sostenido que, una vez se formalice la decisión de destituirla, Baharav-Miara no debería participar en reuniones gubernamentales ni en sesiones del gabinete.
Antes de la votación, Baharav-Miara envió una carta a los ministros del gobierno advirtiendo que su destitución constituiría una remoción ilegal de la funcionaria encargada de supervisar los procesos judiciales del primer ministro.
Sostuvo que las motivaciones del ministro de Justicia evidencian un intento de designar a una fiscal general más sumisa
