La reunión del gabinete israelí para tratar la posible destitución de Gali Baharav-Miara ocurrió sin la presencia de la fiscal general, quien optó por no asistir al debate que definiría su permanencia en el cargo. Esta acción desató una fuerte crítica del ministro de Justicia, Yariv Levin, quien dirigió la sesión en lugar de Benjamin Netanyahu, inhabilitado por sus procesos judiciales. Levin calificó la ausencia como un “desprecio absoluto” al gobierno electo y cuestionó la capacidad de Baharav-Miara para defender sus acciones.
Una carta enviada por Baharav-Miara al gabinete antes de la sesión contenía acusaciones directas contra el Ejecutivo, al que señaló de intentar anular la supervisión legal de la Fiscalía. Desde el entorno gubernamental, estas declaraciones fueron vistas como un intento de ocultar sus propios abusos del “criterio de razonabilidad”, un principio jurídico que, según ministros y medios afines al gobierno, ha sido utilizado por la fiscal general y la Corte Suprema para frenar políticas legítimas.
Entre las medidas bloqueadas por ese criterio se encuentran deportaciones de terroristas y sus familiares, así como restricciones contra inmigración ilegal. Estas decisiones, aseguran fuentes de la coalición, no se sustentan en la Ley Fundamental de Israel, sino en interpretaciones judiciales que, a su juicio, socavan la autoridad del Ejecutivo.
Fiscal bloqueó decisiones del gobierno con argumento de razonabilidad
El uso del “criterio de razonabilidad” por parte de Gali Baharav-Miara ha permitido frenar políticas del gobierno sin que exista una prohibición constitucional explícita. En 2024, se opuso a una propuesta para expulsar a familiares de terroristas palestinos, presentada como respuesta al repunte de atentados en Judea, Samaria y Jerusalén Este. Aunque la medida contaba con el respaldo del Ministerio de Defensa y no violaba la Ley Fundamental, la fiscal argumentó que resultaba “desproporcionada” y logró bloquearla en tribunales.
Una situación similar se produjo en 2023, cuando el Ministerio del Interior impulsó la expulsión de inmigrantes ilegales africanos por considerarlos una amenaza a la seguridad y al tejido social, especialmente en zonas como Tel Aviv. Pese a la ausencia de un mandato constitucional que invalidara la iniciativa, Baharav-Miara impidió su avance, invocando nuevamente la “falta de proporcionalidad”.
Yariv Levin, al encabezar el debate ministerial, subrayó que estas decisiones evidencian un patrón de intervención política disfrazada de supervisión legal. Según expresó, la fiscal general utiliza su cargo para imponer una visión judicial que limita al Ejecutivo. “No se trata de principios, sino de evitar rendir cuentas por su historial de sabotaje”, declaró, en palabras replicadas por fuentes del gobierno en X.
Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, coincidió con esta interpretación. En publicaciones recientes, acusó a Baharav-Miara de “proteger a terroristas y a ilegales bajo un discurso jurídico manipulado”, lo que, a su juicio, desfigura el verdadero sentido del Estado de derecho.
Juicios contra Netanyahu y guerra en Gaza agravan choque con la fiscal general
Los procesos judiciales contra Benjamin Netanyahu, iniciados en 2019 por cargos de corrupción, soborno y abuso de poder, han sido considerados por aliados del gobierno y medios como Arutz Sheva como una estrategia mediática sin pruebas sólidas. Esta situación ha afectado su liderazgo en un momento clave, cuando dirige la ofensiva militar en Gaza tras la ruptura de la tregua con Hamás el 18 de marzo.
El gobierno enmarca la moción de no confianza contra la fiscal como una respuesta a este patrón de interferencia. Sostiene que decisiones como las deportaciones o el manejo de la guerra con Hamás se ajustan a la Ley Fundamental, que otorga al Ejecutivo amplias competencias en materia de seguridad. Sin embargo, el “criterio de razonabilidad”, creado por la judicatura y sin respaldo constitucional explícito, ha sido empleado por Baharav-Miara y la Corte Suprema para frenar dichas acciones con argumentos subjetivos que alteran el equilibrio de poderes.
En 2023, esta dinámica se hizo evidente cuando la Corte, con apoyo de la fiscal, intentó limitar una reforma judicial impulsada por el gobierno. Aunque dicha reforma no fue ilegal, la intervención judicial desató protestas masivas que no lograron invalidarla, pero sí frenaron su implementación.
La decisión de Baharav-Miara de no acudir a la sesión de hoy fortalece la posición del Ejecutivo. A ojos del gobierno, no busca aplicar la ley, sino ejercer un control político desde el aparato judicial. En un contexto de amenazas graves desde Gaza y Líbano, su negativa a facilitar acciones contra el terrorismo y su insistencia en mantener abierto un proceso judicial contra Netanyahu proyectan debilidad.
La coalición, con mayoría en la Knéset, considera su destitución un paso necesario para restaurar el principio democrático frente a lo que Bezalel Smotrich describió en X como “una dictadura judicial disfrazada de legalidad”.
