El diputado Gilad Kariv, de los Demócratas, presentó una petición ante el Tribunal Superior de Justicia junto con el instituto Zulat y la ONG Rabinos por los Derechos Humanos para que se anule o suspenda temporalmente la ley aprobada la semana pasada por la Knéset que impone la pena de muerte a palestinos de Cisjordania condenados por ataques terroristas mortales.
Los peticionarios advirtieron que, en teoría, las ejecuciones podrían llevarse a cabo antes de que el tribunal resuelva sobre la legalidad de la norma.
Kariv y las organizaciones argumentan que la ley discrimina entre palestinos y judíos israelíes, viola el derecho a la vida, la dignidad humana, el debido proceso y la igualdad, y que la Knéset carece de autoridad para imponerla en Cisjordania, territorio donde Israel no ejerce soberanía.
Además, sostienen que no existe evidencia de que la pena de muerte disuada el terrorismo y advierten que podría generar más violencia. “El Estado no puede proteger el valor de la vida quitando vidas”, señala la petición.
Kariv, quien lideró la oposición a la legislación en la Knéset, afirmó en un comunicado que “quienes reparten baklava y descorchan champán en la Knéset no están luchando contra los malditos terroristas, sino que se están volviendo como ellos”, en referencia a las celebraciones del partido Otzma Yehudit del ministro Itamar Ben Gvir tras la aprobación de la norma.
El diputado añadió que la ley constituye una campaña electoral de “un partido que ha fracasado completamente en todas las responsabilidades de gobierno que ha asumido”.
Varios partidos de la oposición y organizaciones de derechos humanos, entre ellos Yesh Atid, Hadash-Ta’al, The Association for Civil Rights in Israel y The New Israel Fund, ya han presentado o planean presentar peticiones similares ante el alto tribunal.
