Una comisión de la Knéset advirtió de que solo se ha desembolsado el 20 % de los fondos destinados a construir refugios antibombas en 21 comunidades ubicadas entre 1 y 5 kilómetros de la frontera norte, una situación que deja sin protección a la mayoría de los residentes con derecho a esas instalaciones en plena guerra con Hezbolá en el Líbano, que ha golpeado duramente a las localidades del norte.
La advertencia surgió durante una sesión de la Comisión Especial para el Fortalecimiento y Desarrollo del Néguev y Galilea sobre las carencias de protección en el norte. Allí, su presidente, el diputado opositor Oded Forer, de Yisrael Beytenu, sostuvo que datos del ministerio de Defensa indican que 900 millones de NIS ($295 millones) asignados para ayudar a los habitantes del norte de Israel a construir espacios protegidos no han sido transferidos.
“El gobierno de Israel está abandonando conscientemente por completo a los residentes del norte de Israel”, dice Forer.
En la misma discusión, Moshe Davidovich, presidente del Consejo Regional de Mateh Asher y también del Foro de la Línea de Confrontación, describió la falta de refuerzo en las comunidades cercanas a la valla fronteriza. “Sentimos que la distancia desde [el kibutz] Dan y Dafna hasta Jerusalén es mayor que la distancia entre Israel y Australia. El 40 % de las casas a lo largo de la valla no están fortificadas, y pregunto: ¿cuándo tendrá cada residente de la línea de confrontación una pared que los separe de la muerte?”, afirma.
Un funcionario del ministerio de Defensa dijo a los legisladores que el gobierno transfirió 868 millones de NIS ($285 millones) en 2024 para ayudar a las comunidades situadas entre 1 y 5 kilómetros de la frontera a construir 10.000 habitaciones seguras, pero que solo 278 han sido completadas.
Parte del retraso, según se explicó, se debe a que el programa obliga a los residentes a encargarse por sí mismos de la construcción, a diferencia de lo que ocurre en las comunidades situadas a menos de un kilómetro de la frontera, donde el Estado construye y entrega los refugios.
Forer añadió que la financiación aprobada tampoco cubre el costo real de las obras. Según expuso, el Estado aporta alrededor de 130.000 NIS (42.600 dólares) por una habitación segura cuyo costo estimado por el Ministerio de Vivienda ronda los 220.000 NIS (72.000 dólares), por lo que los vecinos deben asumir la diferencia.
“El método por el que se piensa que construiremos 10.000 espacios protegidos, pero solo proporcionamos a los ciudadanos el 60 % del presupuesto no funciona”, dice, exigiendo que el gobierno traslade la construcción a contratistas estatales, como hace con las comunidades más cercanas a la frontera.
