El juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y cohecho, según un auto publicado este lunes tras una investigación penal que se ha prolongado durante años. La decisión abre la puerta a un juicio contra Gómez.
El Gobierno ha negado de forma reiterada cualquier irregularidad por parte de la esposa del jefe del Ejecutivo. Aun así, la resolución incrementa la presión política sobre Sánchez en un momento en que su Gobierno minoritario, liderado por los socialistas, afronta varias investigaciones por corrupción y denuncias de ataques políticamente motivados antes de las elecciones generales del próximo año.
La reacción en el Ejecutivo fue de fuerte malestar. Un alto cargo sostuvo que el momento elegido para comunicar la decisión, coincidiendo con el viaje oficial de Sánchez a China, fue deliberado.
Gómez acompaña actualmente al presidente en ese desplazamiento. Sánchez comenzó su visita este lunes con un llamamiento a Pekín para que use su influencia internacional con el fin de ayudar a poner fin a las guerras en Irán y Ucrania. La imputación de Gómez amenaza ahora con eclipsar la reunión prevista entre Sánchez y Xi Jinping el martes.
Tras conocerse el auto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó que la investigación ha “avergonzado a muchos ciudadanos y jueces” en España y aseguró que el daño causado a la reputación del sistema judicial “será, en muchos aspectos, irreparable”.
En 2024, Sánchez interrumpió su agenda durante cinco días para decidir si dimitía después de que Gómez fuera formalmente investigada. Finalmente optó por seguir en el cargo y defendió entonces que las acusaciones carecían de fundamento y respondían a motivos políticos.
El procedimiento se inició a partir de una denuncia presentada por un grupo anticorrupción, amparado en un mecanismo legal español que permite a terceros promover investigaciones penales.
En paralelo, el hermano del presidente del Gobierno también ha sido imputado en otra causa por presunto tráfico de influencias vinculada a su contratación por una administración regional. Él ha rechazado esa investigación y la ha atribuido a razones políticas.
