Donald Trump anunció el 3 de enero de 2026 que Estados Unidos ejecutó un ataque “a gran escala” en territorio venezolano y que Nicolás Maduro, junto con su esposa, fue capturado y fue trasladado fuera del país. El anuncio apareció en sus redes sociales la mañana del sábado y presentó la intervención como parte de una política sostenida de medidas coercitivas y acciones operativas que su administración aplica contra el gobernante venezolano desde el año pasado.
En ese mismo período, Caracas registró múltiples explosiones, aeronaves que volaban a baja altura y cortes eléctricos en sectores del sur de la ciudad, además de reportes de humo y llamas en áreas de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de la capital. Las detonaciones comenzaron alrededor de las 2.00 de la madrugada (hora local) y continuaron durante cerca de hora y media. Autoridades venezolanas informaron de ataques en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Ante ese escenario, el gobierno decretó el “estado de emergencia” y llamó a la movilización de sus estructuras civiles y militares.
Poco después, la administración de Maduro difundió un comunicado que calificó las acciones estadounidenses como “agresión militar” y afirmó que Washington busca apoderarse de recursos petroleros y minerales del país. La declaración pidió a “todas las fuerzas sociales y políticas” la activación de planes de defensa y el repudio del ataque.
Mientras tanto, en Washington, un funcionario estadounidense confirmó que las fuerzas de Estados Unidos ejecutaron ataques dentro de Venezuela. Ante preguntas de la prensa, el Departamento de Defensa remitió las consultas a la Casa Blanca. La Casa Blanca declinó comentar.
Durante la madrugada se difundieron imágenes y videos con columnas de humo y destellos anaranjados en varios puntos de la capital venezolana. Testigos citados por agencias internacionales describieron apagones, detonaciones sucesivas y aeronaves a baja altura. Las fotografías y descripciones con georreferenciación situaron uno de los puntos con incendio en Fuerte Tiuna y reportaron daños en instalaciones militares de Caracas.
En los meses anteriores al despliegue terrestre, el gobierno estadounidense ejecutó una serie de interceptaciones en el mar Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que, según Washington, transportaban cargamentos de cocaína y prestaban apoyo a redes de narcotráfico vinculadas a altos mandos venezolanos. Reuters contabilizó más de dos decenas de acciones contra naves sospechosas, junto con un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.
En ese contexto, el 21 de noviembre de 2025, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió un aviso operativo con advertencias sobre riesgos para la aviación civil a “todas las altitudes” en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía y con requisitos de notificación previa de operaciones, con vigencia hasta el 19 de febrero de 2026. Ese conjunto de restricciones precedió a una intensificación de advertencias a aerolíneas sobre actividad militar y sobre un deterioro del entorno de seguridad en el espacio aéreo venezolano.
Más tarde, el 30 de diciembre, Donald Trump declaró que Estados Unidos había “golpeado” una instalación de atraque en la costa vinculada a redes de narcotráfico. No precisó la ubicación ni el componente interviniente. En entrevistas y declaraciones durante diciembre, también afirmó que no descartaba “la guerra” con Venezuela y señaló que sería “inteligente” que Maduro dejara el poder.
En la víspera de los ataques, Nicolás Maduro sostuvo en una entrevista difundida por la televisión estatal que Venezuela estaba “lista” para negociar un acuerdo de cooperación con Estados Unidos contra el tráfico de drogas. Evitó referirse a las acciones previas que Washington atribuyó a su política de medidas coercitivas y acusó a la Casa Blanca de ejecutar operaciones orientadas a su derrocamiento.
Ya en la madrugada del 3 de enero, medios y equipos de verificación ubicaron puntos de impacto en la capital y sus alrededores. Imágenes de fuentes abiertas registraron humo en la base aérea de La Carlota y afectaciones en zonas del complejo de Fuerte Tiuna; vecinos relataron estallidos consecutivos y servicios de emergencia acudieron a sectores cercanos a instalaciones militares. Los reportes incluyeron interrupciones eléctricas y columnas de humo visibles desde varios barrios del este y el sur de la ciudad.
La secuencia de aumento de medidas y acciones se remonta a 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones por “narcoterrorismo” y tráfico de drogas contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Ese mismo día, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a su detención y condena. Con posterioridad, gobiernos estadounidenses mantuvieron y ampliaron medidas restrictivas contra el entorno de Maduro.
En 2025, organismos estadounidenses actualizaron sanciones e identificaciones de personas y entidades vinculadas al gobierno venezolano. El Departamento del Tesoro consideró que redes asociadas al círculo gobernante facilitaban el flujo de drogas hacia Estados Unidos y comunicó nuevas designaciones bajo autoridades de sanciones financieras. En paralelo, el Ejecutivo estadounidense reforzó su despliegue militar en el Caribe, con una agrupación aeronaval y aeronaves avanzadas reubicadas en bases de la región.
El 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro juró un nuevo mandato tras unas elecciones cuestionadas por actores internacionales y por la oposición venezolana. A partir de esa fecha, socios de Estados Unidos y organismos multilaterales endurecieron pronunciamientos y medidas contra autoridades venezolanas, mientras Washington reiteró que no reconocía la legitimidad del proceso electoral.
El 3 de enero de 2026, a pocas horas de los ataques en Caracas y en estados vecinos, los medios registraron la declaración de emergencia del gobierno venezolano y los llamados oficiales a la movilización. En ese mismo período, fuentes de defensa en Washington confirmaron a la prensa que Estados Unidos inició ataques dentro del territorio venezolano. La cobertura internacional difundió imágenes de incendios en instalaciones militares y de aeronaves a baja altura sobre la capital.
En su publicación de la mañana del sábado, Donald Trump aseguró que Maduro “fue capturado y trasladado fuera del país” tras un “ataque a gran escala”. La comunicación añadió que se divulgarían “detalles adicionales” más adelante.
La Associated Press informó que, en esa misma madrugada, al menos siete explosiones sacudieron Caracas y que la autoridad aeronáutica estadounidense había establecido advertencias y restricciones para operaciones aéreas de Estados Unidos en el espacio venezolano antes de los estallidos. Testigos describieron pánico, gritos y movimientos de población hacia zonas abiertas tras las primeras detonaciones.
La Guardia de Honor Presidencial y otras unidades venezolanas activaron dispositivos de seguridad en instalaciones estratégicas. Declaraciones oficiales reiteraron que el país “rechaza, repudia y denuncia” las acciones estadounidenses y llamaron a la comunidad internacional a pronunciarse.
Medios estadounidenses y europeos informaron que los ataques impactaron objetivos militares en la capital y sus alrededores, y que la secuencia de explosiones comenzó alrededor de las 2.00. La información de la mañana del 3 de enero describió columnas de humo, incendios visibles y presencia de aeronaves a baja altura sobre Caracas.
La Casa Blanca no ofreció comentarios sobre la operación en curso. El Departamento de Defensa remitió las consultas a la sede del Ejecutivo.
