El Tribunal Penal Especializado de Saná condenó el sábado a 17 personas a la pena de muerte por fusilamiento público por integrar supuestas células de espionaje al servicio de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Según la acusación, estos grupos actuaron entre 2024 y 2025 bajo órdenes directas del Mossad israelí y de oficiales estadounidenses y saudíes.
Los jueces Yahya al Mansur y Rabie al Zubair presidieron las sesiones en las que se dictaron los fallos contra los acusados. De acuerdo con la documentación del caso, los condenados utilizaron dispositivos de comunicación encriptada que, según los hutíes, fueron suministrados por los servicios israelíes. Además, recibieron entrenamiento específico para la instalación de cámaras ocultas conectadas a programas de transmisión en directo con el fin de enviar información en tiempo real.
Los datos proporcionados a estas agencias incluían ubicaciones y movimientos de decenas de dirigentes hutíes, información detallada sobre la situación política, militar y de seguridad en el territorio bajo control rebelde, así como coordenadas de misiles, puntos de lanzamiento y almacenes de proyectiles. Las autoridades hutíes sostienen que, a cambio de esta información, los acusados percibieron pagos en efectivo.
Según el tribunal, las actividades de estas células permitieron la ejecución de ataques contra objetivos militares, de seguridad y civiles, lo que causó la muerte de decenas de personas y provocó daños masivos en infraestructuras. A partir de estas conclusiones, la agencia de noticias Saba, controlada por los hutíes, difundió los fallos y precisó que las ejecuciones se llevarán a cabo en público con un objetivo abiertamente disuasorio.
En el mismo procedimiento judicial, el tribunal impuso penas de diez años de prisión a un hombre y a una mujer por su vinculación con la red de espionaje y absolvió a otro procesado por falta de pruebas concluyentes. El abogado Abdulbasit Ghazi, representante de varios de los condenados, anunció que presentarán recursos de apelación contra las sentencias, lo que mantiene el caso abierto en el plano judicial.
Este proceso tiene lugar en un contexto marcado por el control hutí de Saná desde septiembre de 2014, fecha en la que el movimiento depuso al gobierno reconocido internacionalmente. Como reacción a ese cambio de poder, en marzo de 2015 una coalición militar encabezada por Arabia Saudí inició operaciones para restaurar a ese ejecutivo. Desde entonces, la guerra se ha prolongado y ha adquirido dimensiones regionales.
En este escenario de confrontación, los hutíes han atacado buques en el mar Rojo y objetivos en Israel desde octubre de 2023, en lo que presentan como acciones de solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza. Israel, por su parte, ha respondido con bombardeos repetidos en territorio yemení durante los últimos dos años. Tras esos ataques, las autoridades hutíes impulsaron una campaña masiva de detenciones contra personas acusadas de colaborar con Israel o con Estados Unidos, lo que conectó directamente la dimensión militar de la guerra con una creciente ofensiva interna.
Según los rebeldes, la ofensiva represiva se aumentó después del bombardeo israelí de agosto que causó la muerte del primer ministro hutí Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi y de varios ministros. Como consecuencia de ese episodio, las autoridades rebeldes han detenido a cientos de personas en los últimos meses bajo la misma imputación de espionaje al servicio de potencias consideradas hostiles.
Los procesados en este caso formaban parte de la red que, según la versión hutí, operaba desde territorio yemení con el propósito de identificar sitios sensibles y residenciales en las zonas bajo su control. La agencia Saba detalló que los condenados reclutaron a otros ciudadanos y facilitaron la localización de instalaciones militares y de centros de fabricación de armamento, lo que reforzó la acusación de colaboración con estructuras de inteligencia extranjeras.
Los fallos se pronunciaron en dos sesiones judiciales distintas; sin embargo, el tribunal vinculó ambos expedientes a una misma estructura de inteligencia exterior. En sus conclusiones, consideró probado que los acusados mantuvieron colusión con naciones que las autoridades hutíes describen como en estado de enemistad con Yemen, entre ellas Arabia Saudí, Reino Unido y Estados Unidos, además de Israel, mencionado en los cargos iniciales.
Las ejecuciones por pelotón de fusilamiento en espacios públicos constituyen una práctica recurrente en los tribunales bajo control hutí en casos de traición o de colaboración con adversarios. En coherencia con esa práctica, los 17 condenados permanecen recluidos en instalaciones de Saná mientras se resuelven los recursos de apelación presentados por sus defensores. Los rebeldes han vinculado de forma explícita estas condenas con lo que presentan como una necesidad de proteger su frente interno frente a infiltraciones extranjeras y operaciones de espionaje dirigidas desde el exterior.
