El Gobierno de Myanmar cuestionó la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que establece que el país cometió genocidio contra la minoría rohinyá. La portavoz presidencial, Khaing Khaing Soe, calificó el fallo de “injusto” y sostuvo que la votación dividida justificaba su rechazo.
En una conferencia de prensa celebrada en Naipyidó, la capital del país, la portavoz recordó que nueve de los quince jueces respaldaron el pronunciamiento y seis votaron en contra. “A pesar de nuestros esfuerzos, cuando observamos el resultado, no todos los quince jueces estuvieron de acuerdo con la decisión”, declaró. Después insistió: “No fue una decisión unánime. Yo diría que no es justo”.
La sentencia, conocida el 19 de noviembre de 2026, examinó las atrocidades cometidas contra los rohinyás, una minoría mayoritariamente musulmana, durante la operación militar de 2017 en el estado occidental de Rakáin. La CIJ expuso pruebas de aquellos hechos al determinar que Myanmar había cometido genocidio.
Las autoridades de Myanmar han rechazado históricamente esa acusación. Su posición es que las operaciones militares respondieron a una insurrección de grupos armados, después de una serie de ataques en los que murieron aproximadamente doce miembros de las fuerzas de seguridad.









