A una mujer a la que se le revocó la ciudadanía británica después de viajar a Siria para unirse al grupo jihadista del Estado Islámico (ISIS) se le debería permitir volver a casa para impugnar la decisión, según dictaminó un tribunal británico el jueves.
Shamima Begum, de 20 años, perdió la primera etapa de su caso sobre la legalidad de la decisión del gobierno en la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración (SIAC) en febrero.
Pero el tribunal también dictaminó que ella no podía tener una “apelación justa y efectiva” o jugar “ningún papel significativo” en el proceso, ya que vivía en un campo de refugiados sirio.
Tres jueces superiores del Tribunal de Apelación confirmaron el jueves el fallo de la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración.
“Se debería permitir a la Sra. Begum venir al Reino Unido para proseguir con su apelación, aunque sujeta a los controles que el (Secretario del Interior) considere apropiados”, dijeron.
Begum tenía 15 años cuando ella y otras dos colegialas de Bethnal Green, en el este de Londres, dejaron su casa para unirse al grupo jihadista el 17 de febrero de 2015.
Afirma que se casó con un converso holandés poco después de llegar al territorio controlado por ISIS. Fue descubierta, embarazada de nueve meses, en un campo de refugiados sirio en febrero del año pasado.
Su bebé recién nacido murió poco después de que ella diera a luz. Dos de sus otros hijos también murieron bajo el régimen de ISIS.
El entonces secretario del Interior, Sajid Javid, anuló la ciudadanía británica de Begum por motivos de seguridad nacional tras una protesta encabezada por los medios de comunicación de la derecha.
Esto la llevó a emprender acciones legales, argumentando que la decisión era ilegal, la convirtió en apátrida y la expuso al riesgo de muerte o de trato inhumano y degradante.
El Begum, nacido en Reino Unido, es de origen bangladeshí. Sin embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bangladesh ha dicho que no considerará la posibilidad de concederle la ciudadanía.
Su abogado, Daniel Furner, dijo que su cliente “nunca había tenido una oportunidad justa de dar su versión de la historia”, lo que hizo que la decisión del gobierno fuera injusta.
El grupo de derechos humanos Liberty también acogió con beneplácito la decisión, diciendo: “El derecho a un juicio justo no es algo que el gobierno pueda quitar por capricho”.
“Es una parte fundamental de nuestro sistema de justicia y la igualdad de acceso a la justicia debe aplicarse a todos”.
El portavoz del primer ministro Boris Johnson dijo que el gobierno estaba “amargamente decepcionado” y que pediría permiso para apelar y asegurarse de que Begum no pudiera volver antes de ser escuchado.
“La prioridad del gobierno es mantener nuestra seguridad nacional, y las decisiones de privar a las personas de su ciudadanía no se toman a la ligera”, dijo a los periodistas.
“Siempre garantizaremos la seguridad del Reino Unido y no permitiremos que nada la ponga en peligro”.
Javid, que ya no es ministro, emitió una declaración personal advirtiendo que permitir el regreso de Begum “crearía un riesgo para la seguridad nacional que no puede ser totalmente mitigado”.
Dijo que su situación era una “consecuencia directa de las medidas que había tomado” y dijo que podía apelar desde el extranjero usando “tecnología moderna”.