Rubio advertirá hoy a la presidenta interina de Venezuela que correrá la misma suerte que Nicolás Maduro si no atiende las exigencias de Estados Unidos. En un testimonio preparado, el secretario de Estado y exsenador Marco Rubio dirá ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Delcy Rodríguez, antes vicepresidenta y ahora presidenta interina, “es muy consciente del destino de Maduro”.
Sobre esa base, sostendrá que “creemos que sus propios intereses coinciden con el avance de nuestros objetivos clave”. Para remarcar la línea de la Casa Blanca, añadirá: “No se equivoquen, como ha declarado el presidente, estamos dispuestos a utilizar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan”, una alusión directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La decisión de Rubio de testificar llegó tras varias semanas en las que los demócratas acusaron a la administración Trump de engañar a los legisladores y de excederse en su autoridad al usar la fuerza. En ese marco, aceptó comparecer en una audiencia pública sobre la política hacia Venezuela y aseguró que no habrá más acciones militares en la región.
Esa comparecencia, prevista para el miércoles a las 10 de la mañana, se inscribe en su regreso cada vez más frecuente al Capitolio. También ocurre después de que la Casa Blanca y los líderes republicanos del Senado frenaran una iniciativa bipartidista destinada a limitar las facultades bélicas del presidente en el caso venezolano, lo que reconfiguró el debate inmediato.
La secuencia legislativa reciente ayuda a contextualizar ese giro. Pocas semanas antes, Rubio colaboró para convencer a dos senadores republicanos, Todd Young, de Indiana, y Josh Hawley, de Misuri, de que cambiaran su voto y apoyaran a la administración. Ambos expresaban preocupación por la presencia de tropas en territorio venezolano y por el alcance de la autoridad constitucional del Congreso.
Rubio y la administración les aseguraron que no habrá operaciones militares adicionales y que, si surgiera esa posibilidad, el presidente Trump acudiría primero al Congreso para obtener autorización. A partir de ese compromiso, Young describió la iniciativa del senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, como un ejercicio comunicativo sin futuro en la Cámara de Representantes ni capacidad de evitar un veto presidencial.
“Tuve que aceptar que todo esto era un ejercicio de comunicación”, explicó, y añadió que ese episodio permitió poner de relieve las debilidades del Congreso en materia de poderes bélicos en la historia reciente. En su planteamiento, el foco se desplazó hacia la discusión institucional sobre competencias y controles, más que hacia una acción inmediata.
Con el fin de formalizar esas garantías, Rubio envió una carta a James Risch, republicano por Idaho y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En ella indicó que la administración informará al Congreso si decide ejecutar cualquier acción militar futura en la región, con un compromiso explícito sobre la comunicación con el Legislativo.
Precisó que, si nuevas operaciones implicaran a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades, el Ejecutivo actuará conforme a la Constitución. Además, remitirá las notificaciones por escrito previstas en la sección 4(a) de la Resolución sobre los poderes bélicos (Ley Pública 93-148), según el contenido de la misiva.
Ese compromiso redujo la tensión inmediata en torno al uso de la fuerza y, en parte, trasladó el centro del debate senatorial. Sin embargo, el trasfondo legislativo no desapareció por completo y mantuvo abiertas otras líneas de confrontación entre el Congreso y la Casa Blanca sobre atribuciones y controles.
Tim Kaine sostuvo su promesa de presentar más resoluciones sobre poderes bélicos contra Trump, con miras a las acciones en Groenlandia, Irán y otros escenarios. Su estrategia partió de una lectura táctica: a comienzos de mes, cinco senadores republicanos se sumaron a los demócratas para impulsar una resolución que exigía aprobación del Congreso antes de cualquier operación militar futura en Venezuela.
Kaine afirmó que esas fisuras podían ampliarse mediante una campaña de presión apoyada en mociones con carácter privilegiado. Tras el fracaso inicial de su propuesta, declaró que “las grietas se agrandan con la presión”, y dejó abierta la puerta a nuevas iniciativas que vuelvan a colocar el control congresual del uso de la fuerza en el centro de la agenda.
