El senador estadounidense Marco Rubio comunicó este jueves sanciones contra dos magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI). La medida se vincula con la intervención de ambos en acciones del tribunal orientadas a Israel. Rubio atribuyó a esos jueces un papel directo en ese proceso.
Las sanciones alcanzan al juez georgiano Gocha Lordkipanidze y al juez mongol Erdenebalsuren Damdin. Rubio señaló que ambos participaron en decisiones vinculadas con procedimientos de la CPI sobre Israel. El anuncio presentó a los dos magistrados como responsables concretos dentro del desarrollo del caso.
“Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel, incluyendo votar con la mayoría a favor de la decisión de la CPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre”, dijo Rubio. Con esa frase justificó el alcance de la medida.
Añadió: “La CPI ha seguido llevando a cabo acciones politizadas dirigidas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos abusos de poder de la CPI que violen la soberanía de Estados Unidos e Israel e injustamente sometan a las personas estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI”. Rubio sostuvo que el tribunal actúa con sesgo.
“Nuestro mensaje al Tribunal ha sido claro: Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI. Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la legislación y el exceso de la CPI”, afirmó Rubio. Con ello insistió en el rechazo formal a ese marco.
La semana pasada, un funcionario estadounidense declaró a Reuters que Washington solicitó a la CPI abandonar las pesquisas sobre dirigentes israelíes por la guerra de Gaza. También pidió clausurar de forma oficial el expediente prolongado sobre Afganistán referido a personal estadounidense. La fuente advirtió que la negativa abriría nuevas sanciones.
El lunes, la CPI desestimó una de varias objeciones legales que Israel presentó contra la investigación sobre su conducción de la guerra de Gaza. Esa resolución se sumó a una cadena de disputas procesales impulsadas por Israel. La decisión mantuvo vigente el curso del examen del tribunal.
Los jueces optaron por no anular un fallo previo que autorizó a la fiscalía a incluir, dentro de los presuntos crímenes bajo su jurisdicción, hechos posteriores al asalto mortal de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. Así, el marco de la pesquisa permaneció ampliado.
Ese dictamen implica la continuidad de la investigación y preserva las órdenes de arresto dictadas el año pasado. Esas órdenes apuntan al primer ministro Benjamin Netanyahu y al exministro de Defensa, Yoav Gallant. Mientras sigan en vigor, el expediente mantiene sus efectos procesales.
La CPI también afrontó señalamientos según los cuales su fiscal jefe, Karim Khan, impulsó las órdenes contra funcionarios israelíes con el fin de presionar a una mujer que lo acusó de acoso sexual. Khan, en una decisión inusual, hizo el anuncio tras cancelar una misión de investigación en Israel.
Israel y Estados Unidos no integran el Estatuto de Roma ni forman parte de la CPI, por lo que quedan fuera de su jurisdicción. Esa condición sostiene la postura que Rubio reiteró en su declaración. El argumento oficial insiste en que el tribunal no tiene autoridad sobre ambos países.
