Una jueza federal bloqueó este viernes la aplicación de la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump dirigida contra quienes colaboran con la Corte Penal Internacional (CPI).
El fallo responde a una demanda presentada en abril por dos defensores de derechos humanos, quienes impugnaron la orden de Trump emitida el 6 de febrero, que autorizaba la imposición de sanciones económicas y restricciones de viaje potencialmente amplias contra personas que participen en investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados de Estados Unidos, como Israel.
En su resolución, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Nancy Torresen, calificó la orden ejecutiva como una vulneración inconstitucional de la libertad de expresión.
“La orden ejecutiva parece restringir mucho más discurso del necesario para alcanzar su objetivo”, escribió la magistrada. “La orden prohíbe de manera generalizada cualquier servicio de naturaleza expresiva que beneficie al fiscal, sin considerar si dichos servicios guardan relación con una investigación de la CPI sobre Estados Unidos, Israel u otro aliado estadounidense”. La Casa Blanca y la CPI no emitieron comentarios de forma inmediata tras conocerse el fallo.
La orden ejecutiva de febrero impuso sanciones al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, de nacionalidad británica. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó además en la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas”, lo que le impide realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses, restringe su ingreso al país y congela sus activos en territorio estadounidense.
La prohibición también alcanza a otros empleados no estadounidenses entre los 900 miembros del personal de la CPI, a quienes se les ha impedido ingresar a Estados Unidos.
Según lo dispuesto en la orden, los ciudadanos estadounidenses que presten servicios en beneficio de Khan u otras personas sancionadas podrían enfrentarse a sanciones civiles y penales. La CPI y decenas de países han condenado esta disposición.
Khan se apartó de su cargo en mayo mientras se desarrolla una investigación por presunta conducta sexual indebida, acusaciones que ha negado categóricamente. Actualmente, una comisión de las Naciones Unidas lleva a cabo la investigación, y desde entonces se ha señalado a Khan por tomar represalias contra el personal que apoyó a su denunciante, entre otras medidas, al degradar a varios empleados que, a su juicio, le resultaban críticos.
Sanciones de represalia dictadas por Trump
La orden de Trump afirmó que el tribunal con sede en La Haya había “abusado de su autoridad” al emitir órdenes de detención contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. También sostuvo que el tribunal había emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos”, en referencia a las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán.
Khan fue la primera persona objeto de las sanciones económicas y de viaje autorizadas por Trump contra el tribunal de crímenes de guerra, tras su decisión de presentar el 21 de noviembre de 2024 órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por presuntos crímenes de guerra en el contexto de la guerra en Gaza, entre ellos, el uso del “hambre como método de guerra”.
Israel rechaza la jurisdicción de la corte con sede en La Haya. Además, sostiene que su actuación militar en Gaza se ha ajustado al derecho internacional, e invoca las medidas adoptadas para evitar víctimas civiles y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Actualmente disputa las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
El tribunal también emitió órdenes de detención contra los líderes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva del 7 de octubre de 2023 —cuando unos 5.000 terroristas liderados por Hamás asesinaron a aproximadamente 1.200 personas y tomaron 251 rehenes, lo que dio inicio a la guerra—, así como por hechos posteriores. Sin embargo, las órdenes fueron retiradas tras la muerte de los tres en operativos distintos llevados a cabo por Israel.
La administración Trump también impuso sanciones este mes contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos del pueblo palestino.
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que las medidas contra Albanese, crítica manifiesta de Israel y acusada de emitir comentarios antisemitas y favorables al terrorismo, obedecen a “sus intentos ilegítimos y vergonzosos de impulsar acciones de la Corte Penal Internacional contra funcionarios, empresas y directivos estadounidenses e israelíes”.
En junio, el gobierno estadounidense sancionó a cuatro jueces de la CPI en represalia por la emisión de las órdenes de arresto y por una decisión anterior de abrir una causa por presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
Dos de esos jueces, Beti Hohler, de Eslovenia, y Reine Alapini-Gansou, de Benín, participaron en los procedimientos que llevaron al fiscal jefe de la corte, Karim Khan, a emitir las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant en noviembre.
El órgano rector de la corte, que representa a los 125 Estados Parte, condenó la decisión del gobierno estadounidense de tomar represalias contra jueces. “Estas acciones representan intentos lamentables de obstaculizar a la Corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes”, señaló en ese momento la Presidencia de la Asamblea de los Estados Parte.
