El jefe del Parlamento iraní advirtió represalias contra Estados Unidos por la amenaza de Trump de intervenir, en medio de protestas, muertos, detenciones y un apagón de internet.
Qalibaf endurece el discurso y define cuatro frentes de conflicto
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió una acción militar severa contra Donald Trump si este concreta una intervención en Irán por la represión. Emitió el mensaje durante un mitin progubernamental en Teherán. Definió la respuesta como una operación contra “terroristas”. Además, describió un conflicto en cuatro frentes: económico, cognitivo y psicológico, militar con Estados Unidos e Israel, y antiterrorista interno. El acto mostró consignas “muerte a Israel” y “muerte a Estados Unidos”.
Qalibaf afirmó que Irán frustró los objetivos del “enemigo” y ubicó los choques en cuatro ámbitos. Describió un frente económico persistente, otro cognitivo y psicológico, y un frente militar situado en junio de 2025 tras “agresiones” de Estados Unidos e Israel. El cuarto frente, según su versión, corresponde a una campaña antiterrorista interna. Llamó a Trump “presidente delirante”, lo responsabilizó por más de mil muertes y lo acusó de incitar disturbios por daño a propiedades.
Advirtió que, ante cualquier error de cálculo de Washington, los territorios ocupados, junto con bases y buques estadounidenses, pasarían a formar parte de la lista de objetivos. Aseguró que Irán no pedirá permiso para defenderse. Describió la respuesta como amplia, “sin piedad” e impredecible, y afirmó que sería distinta de las anteriores. Recalcó que el país actuaría con autonomía plena ante cualquier agresión. Señaló además que la acción no repetiría respuestas previas.
El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, respaldó esa línea. Describió a los manifestantes como un grupo de “vándalos” que buscó agradar a Trump. Reclamó unidad social frente a agresores externos y pidió a la juventud que conserve cohesión ante lo que calificó como conspiraciones. Con ese mensaje, el poder político cerró filas en torno a una narrativa de seguridad nacional y culpó a potencias extranjeras por la crisis que atraviesa el país.
Datos clave sobre protestas, víctimas y restricciones informativas
- Las protestas iniciaron el 28 de diciembre de 2025 tras el colapso del rial y el alza de precios; luego incluyeron reclamos contra el gobierno teocrático.
- Activistas reportaron al menos 544 muertos: 496 manifestantes y 48 agentes; estimaciones alternativas superan los 500.
- Se documentaron más de 10.600 detenciones y retiros forzados de heridos desde hospitales para impedir testimonios.
- El 8 de enero de 2026 comenzó un apagón casi total de internet, con red doméstica, comunicaciones restringidas y riesgos en alternativas satelitales como Starlink.
Protestas por el colapso del rial escalan con muertos y detenciones
Las protestas estallaron el 28 de diciembre de 2025 tras el colapso del rial y el alza de precios. Poco después, las consignas incluyeron demandas contra el gobierno teocrático encabezado por el ayatolá Alí Jamenei. Las marchas se extendieron por Teherán, Rasht, Kermanshah, Bushehr e Ilam. En varios puntos, fuerzas de seguridad abrieron fuego contra concentraciones. La dinámica mostró un descontento económico que se transformó en rechazo político directo, con escenas de represión en distintas ciudades.
Activistas registraron al menos 544 muertos, con un desglose de 496 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de la seguridad. Las estimaciones varían y algunas superan los 500. Circularon informes verificados sobre setenta cuerpos en un hospital de Rasht y alrededor de treinta y ocho en un centro médico de Teherán durante una sola noche. Los reportes describieron una presión hospitalaria extrema y un patrón de letalidad que agravó la crisis social.
Frente a esas cifras, el gobierno confirmó solo 109 agentes muertos y calificó a los manifestantes como “vándalos” o “mercenarios” al servicio de potencias extranjeras. Se documentaron más de 10.600 detenciones. Además, hospitales reportaron saturación por heridos y denuncias sobre retiros forzados de lesionados desde centros médicos para impedir testimonios. La respuesta oficial negó responsabilidades y trasladó culpas a actores externos, con una narrativa que buscó restar legitimidad a las quejas económicas iniciales.
Pese a la represión, las protestas continuaron con reportes de disturbios en Teherán y en el norte del país. En paralelo, el régimen preparó mítines progubernamentales para exhibir apoyo masivo. Las autoridades insistieron en que la situación quedó bajo control, aunque las cifras de víctimas y detenciones crecieron. La brecha entre relatos oficiales y testimonios ciudadanos se amplió y elevó la tensión política mientras los focos de movilización persistieron en varias provincias.
Apagón de internet, versiones oficiales y reacciones internacionales
En ese contexto, las autoridades intensificaron la represión con fuerza letal, con armas de fuego y objetos cortantes. Declararon tres días de duelo nacional por los “mártires” caídos, presentados como víctimas de una “batalla” contra Estados Unidos e Israel. Además, convocaron una “marcha de resistencia nacional” para condenar supuestas acciones “terroristas” que atribuyeron a esas naciones. El relato oficial buscó fundir seguridad interna y política exterior bajo una misma amenaza.
El fiscal general calificó las protestas como un delito contra Dios, con pena de muerte. El jefe de la policía, el general Ahmadreza Radan, atribuyó las muertes a “soldados no remunerados” de los enemigos de Irán. Según su relato, una parte significativa se vinculó con heridas de cuchillo y disparos a corta distancia ejecutados por elementos entrenados ajenos a las fuerzas oficiales. Indicó que fuerzas de seguridad anunciaron operativos para capturar responsables y restaurar el orden.
El presidente Masud Pezeshkian afirmó en televisión que el gobierno atiende quejas económicas, aunque no permitirá que “alborotadores” desestabilicen el país. Sostuvo que “terroristas” entrenados por adversarios externos se infiltraron en las marchas para provocar disturbios. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araghchi, dijo ante diplomáticos que la violencia buscó justificar una intervención de Trump y aseguró disponer de vídeos sobre distribución de armas y de próximas confesiones de detenidos.
El 8 de enero de 2026, el gobierno impuso un corte casi total de internet, limitó el acceso a red doméstica y restringió comunicaciones telefónicas. Según reportes, la medida buscó dificultar la coordinación de protestas y reducir la visibilidad de violaciones a derechos humanos. Investigadores independientes señalaron una vía satelital como Starlink, con riesgos de rastreo. El apagón complicó la verificación de vídeos y reportes y facilitó ocupaciones de hospitales en Karaj, Kermanshah y Mashhad.
Trump anuncia opciones y crece la presión en derechos humanos global
Trump declaró que Irán buscó la libertad “como nunca antes” y que Estados Unidos se declaró preparado para asistir, tras advertir una intervención si el gobierno mataba a manifestantes pacíficos. Afirmó que dirigentes iraníes lo contactaron el sábado para negociar y dijo evaluar “opciones fuertes”, entre ellas medidas militares, cibernéticas o sanciones adicionales, tras reunirse con funcionarios de seguridad nacional. Mencionó conversaciones con opositores y la posibilidad de restablecer internet mediante Starlink, en consulta con Elon Musk.
Araghchi replicó que la situación permanecía bajo control total. Insistió en que un aumento de la violencia buscó justificar una incursión estadounidense y afirmó que las fuerzas de seguridad buscaban a los responsables. El gobierno presentó su gestión como una contención legítima y negó excesos, pese a los reportes de víctimas y a las denuncias de organizaciones civiles. Pese a ello, continuaron disturbios en Teherán y en el norte, y el régimen organizó mítines.
Amnistía Internacional exigió acciones diplomáticas urgentes para frenar las muertes y restablecer el acceso a la red. La organización registró al menos veintiocho muertes en trece ciudades de ocho provincias entre el 31 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026. También advirtió un riesgo de aumento mayor a causa del aislamiento digital impuesto por el gobierno. El apagón dificultó la verificación independiente y favoreció la falta de rendición de cuentas.
El régimen trazó una distinción entre reclamos que definió como legítimos —por ejemplo, los de mercados y gremios—, que dijo atender, y actos de sabotaje atribuidos a mercenarios extranjeros. Prometió una respuesta firme ante esos hechos. Con esa fórmula, el gobierno buscó validar quejas económicas y aislar la violencia, mientras reforzó su tesis de intervención externa y justificó medidas de seguridad excepcionales. También anunció concentraciones de respaldo para mostrar cohesión interna.
