Irán ejecutó el jueves a Amir-Hossein Hatami, condenado por participar durante las protestas de enero en un ataque contra una instalación militar clasificada en Teherán, en un caso que las autoridades vincularon a Israel y Estados Unidos. La información fue difundida por Mizan, el órgano de noticias del poder judicial.
“Amir-Hossein Hatami, uno de los elementos terroristas del enemigo involucrados en las [protestas de enero]… fue ahorcado al amanecer de hoy”, señaló Mizan.
Según ese medio, Hatami actuó “contra la seguridad nacional en nombre del régimen sionista y de Estados Unidos”. También indicó que fue declarado culpable de ingresar en un sitio militar restringido de Teherán, dañar e incendiar la instalación e intentar apoderarse de armas y municiones durante las protestas, cargos que, de acuerdo con Mizan, admitió durante el interrogatorio.
El Tribunal Supremo iraní rechazó su apelación y confirmó la sentencia. Irán ejecuta con frecuencia a personas acusadas de espionaje sin presentar pruebas.
La ejecución es la más reciente relacionada con las protestas que comenzaron a finales de diciembre por el aumento del costo de la vida y luego derivaron en manifestaciones nacionales contra el gobierno, con un punto álgido los días 8 y 9 de enero.
El 18 de febrero, Kouroush Keyvani fue ejecutado tras ser acusado de espiar para el Mossad. Fue la primera ejecución anunciada desde que estalló la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero. Un día después, las autoridades ejecutaron a otros tres condenados por matar a policías y llevar a cabo operaciones en nombre de Estados Unidos e Israel durante las protestas.
Esa secuencia despertó preocupación entre grupos de derechos humanos como Hengaw, que advirtió que Teherán podría estar intensificando las ejecuciones de detenidos políticos y manifestantes en medio de una creciente presión militar e internacional.
Las autoridades iraníes sostienen que las protestas empezaron como manifestaciones pacíficas y después derivaron en “disturbios instigados por el extranjero” con asesinatos y actos de vandalismo. Teherán ha reconocido que más de 3.000 personas murieron durante los disturbios, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad e inocentes transeúntes, y atribuyó la violencia a “actos terroristas”.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, HRANA, aseguró en cambio haber documentado más de 7.000 muertes, la mayoría de ellas de manifestantes, y añadió que la cifra real podría ser mucho más alta.
El primer subjefe del poder judicial, Hamzeh Khalili, declaró el mes pasado que los casos vinculados con las protestas de enero ya habían sido finalizados y que las sentencias estaban siendo ejecutadas.
Hatami figuraba entre 11 hombres a los que Amnistía Internacional señaló como en riesgo inminente de ejecución y que, según la organización, habían sido “sometidos a tortura y otros malos tratos en detención, antes de ser condenados en juicios gravemente injustos que se basaron en confesiones forzadas”.
