El proyecto de reclutamiento de haredíes que la oposición impulsó en 2022 y el que preparó la actual coalición presentan diferencias sustanciales. La primera iniciativa, aprobada entonces en primera lectura, establecía objetivos reducidos y permitía obtener una exención definitiva del servicio militar a los 21 años. La propuesta elaborada bajo la presidencia del diputado Boaz Bismuth en la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset, en cambio, prevé un reclutamiento mucho mayor y obligaciones individuales para quienes soliciten aplazar su incorporación. Es una diferencia que contradice el discurso de “igualdad en la carga” que la oposición utilizó para defender su proyecto.
El mecanismo de exención de la iniciativa de 2022 habría dejado fuera del servicio militar a decenas de miles de jóvenes haredíes. La cuota inicial era de 1.566 reclutas y todo aquel que no hubiera ingresado en ese contingente podía quedar exento automáticamente al cumplir 21 años. No habría tenido que demostrar el cumplimiento de condiciones adicionales y habría podido incorporarse al mercado laboral sin obligaciones militares posteriores. La reducción de la edad de exención, que la oposición presenta como un logro, habría facilitado precisamente la salida definitiva de esos jóvenes del sistema de reclutamiento.
El proyecto de la coalición actual no contempla esa exención automática a los 21 años. Para obtener una prórroga del servicio, el estudiante tendría que acreditar cada año, hasta los 26 años, que cumple los requisitos. Entre ellos figuran su comparecencia ante la oficina de reclutamiento, la prohibición de realizar trabajos remunerados, 45 horas semanales de estudios en una yeshivá o 40 horas en un kolel y la presentación de una declaración jurada firmada dirigida al ministro de Defensa. El responsable de la yeshivá también tendría que renovar anualmente su declaración e informar si el alumno abandona los estudios.
La distancia entre ambas propuestas también aparece en sus cuotas. El plan de 2022, asociado a Lapid y Gantz, partía de 1.566 incorporaciones y aumentaba el objetivo solo en 125 reclutas por año. Tras una década, la cifra apenas se aproximaría a 3.000. No fijaba una meta definitiva y aplazaba la actualización de sus objetivos hasta después de quince años.
La iniciativa de Bismuth, por el contrario, establece una meta inicial de 5.760 reclutas, 3,6 veces la del proyecto anterior. Para el tercer año prevé 7.920 y para el cuarto, 8.500. Su objetivo final es incorporar a la mitad de cada promoción haredí, equivalente a unos 14.000 o 15.000 jóvenes anuales. Esa cantidad se aproxima a diez veces el objetivo inicial de la propuesta promovida por Lapid y Gantz.
Las consecuencias del incumplimiento constituyen otra diferencia. El proyecto de 2022 no incluía sanciones personales para los jóvenes que eludieran el servicio. Únicamente contemplaba multas a las yeshivás, aplicables después de cinco años sin alcanzar las cuotas. La propuesta de la actual coalición añade restricciones individuales: prohibición de salir de Israel, retirada de becas e imposibilidad de obtener una licencia de conducir para quienes evadan el reclutamiento. Frente a las exenciones automáticas y las limitadas cuotas de la iniciativa anterior, estas medidas colocan a los jóvenes bajo supervisión hasta los 26 años.
