Un comité de Naciones Unidas reclamó la derogación inmediata de la nueva ley de pena de muerte aprobada por Israel al considerar que perpetúa la discriminación racial contra los palestinos y supone una “grave erosión” de los derechos humanos.
En un comunicado, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial afirmó que la norma, aprobada por la Knéset el mes pasado, es “de facto aplicable solo a los palestinos” y amplía el uso de la pena capital al fijarla como sentencia por defecto para los palestinos de Judea y Samaria condenados por ataques terroristas mortales cometidos en ese territorio.
“La nueva ley es un duro golpe a los derechos humanos, pues revierte la prolongada moratoria de facto de Israel sobre las ejecuciones desde 1962 y amplía el uso de la pena de muerte”, sostuvo el comité, que también señaló que la legislación establece un plazo de 90 días para llevar a cabo las ejecuciones una vez emitida una sentencia definitiva.
El organismo instó además a Israel a garantizar que todos los detenidos palestinos “tengan garantizados sus derechos a la igualdad de trato ante la ley, a la seguridad personal, a la protección contra la violencia o los daños corporales y al acceso a la justicia”. También pidió que el país “ponga fin a todas las políticas y prácticas que equivalen a discriminación racial y segregación contra los palestinos”.
En la misma línea, el comité sostuvo que otros países deberían “asegurarse de que sus recursos no se utilicen para aplicar o apoyar políticas y prácticas discriminatorias contra los palestinos que viven en el Territorio Palestino Ocupado”.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial está integrado por 18 expertos independientes y supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial por parte de sus 182 Estados parte. Ese tratado, en vigor desde 1969, obliga a los países a eliminar la discriminación racial, erradicar la segregación y garantizar la igualdad ante la ley sin distinción de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico. Israel lo ratificó en 1979.
Aunque el código legal israelí ya contempla la pena de muerte, su aplicación ha sido extraordinariamente infrecuente. Solo se ejecutó una vez, en el caso del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Meir Tobianski fue ejecutado como traidor tras un consejo de guerra sumario en 1948, pero fue exonerado un año después.
La nueva legislación, en cambio, asegura el uso regular de la pena capital, reduce de forma amplia la discrecionalidad judicial al dictar sentencia, neutraliza el proceso de apelación y elimina varias salvaguardias procesales.
Juristas israelíes han advertido que la norma, promovida por Otzma Yehudit, el partido del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, presenta graves defectos constitucionales, entre ellos la vulneración del derecho a la vida. También sostienen que es discriminatoria porque se aplica casi exclusivamente a los palestinos y que no existen pruebas de que vaya a cumplir su objetivo declarado de disuadir el terrorismo.
La ley está siendo impugnada ante el Tribunal Superior, aunque expertos legales consideran que no está garantizado que el tribunal termine anulándola por completo.
