Investigadores de la ONU evalúan si el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, tomó represalias contra empleados que denunciaron una conducta sexual inapropiada cometida presuntamente hacia una abogada subordinada o que cuestionaron su manejo del caso.
Tres fuentes con acceso directo a la investigación confirmaron que al menos cuatro funcionarios fueron degradados por decisión de Khan. En total, cinco informantes, que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, sostienen que el fiscal británico incurrió en comportamiento punitivo.
El equipo de defensa de Khan negó todas las acusaciones y aseguró que colaborará de forma completa con la investigación externa. “Nuestro cliente no ha participado en ninguna conducta sexual inapropiada ni en represalias”, sostuvo el bufete Carter-Ruck, que declinó pronunciarse sobre si la investigación incluye los actos de represalia.
Khan, por su parte, afirmó que seguirá al frente de sus funciones mientras avanza la investigación y denunció que las acusaciones originales, presentadas en octubre pasado, forman parte de una campaña de desinformación contra su oficina.
El fiscal lidera investigaciones sensibles, entre ellas las que apuntan al presidente ruso Vladimir Putin y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La CPI emitió órdenes de arresto contra ambos por presuntos crímenes de guerra, aunque ni Rusia ni Israel forman parte del tribunal y rechazan su legitimidad.
Tras el avance de la investigación sobre Israel, Estados Unidos impuso sanciones contra Khan. El presidente de la CPI alertó que estas medidas comprometen la seguridad e independencia de la corte.
El jueves, Hungría anunció su retiro de la CPI tras recibir a Netanyahu en visita oficial, en un gesto que evidenció la presión diplomática en torno a la corte.
Khan aún no ha sido interrogado por los investigadores, según revelaron las fuentes. La investigación está en manos de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de la ONU. Ni la CPI ni el órgano investigador han emitido comentarios públicos sobre el proceso.
El órgano rector de la CPI, que encargó la indagación, evitó precisar el alcance de la misma y se limitó a decir que habrá información disponible una vez finalicen las pesquisas.
La CPI, con sede en La Haya, tiene mandato para juzgar a individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión. Entre sus 125 miembros se cuentan Canadá, Brasil, Reino Unido, Japón y casi toda la Unión Europea, pero no figuran potencias como Estados Unidos, China, Rusia ni Israel.