La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a Israel a derogar el tribunal militar especial establecido recientemente para juzgar a los terroristas palestinos acusados de participar en la invasión y masacre del 7 de octubre de 2023, encabezada por Hamás.
El lunes por la noche, la Knéset aprobó una ley para crear un tribunal militar especial, con 93 votos a favor y ninguno en contra.
Esta inusual legislación bipartidista prevé la creación de un tribunal especial dentro del sistema de justicia militar para juzgar a unos 300 presuntos terroristas capturados por las fuerzas de seguridad israelíes dentro del país durante la invasión, quienes permanecen detenidos desde entonces. Según la legislación vigente, el tribunal podrá acusar a los agresores por todos los delitos pertinentes, incluido el genocidio, conforme a la Ley israelí de 1950 para la Prevención del Genocidio; el atentado contra la soberanía israelí; la instigación a la guerra; la colaboración con el enemigo en tiempos de guerra; y los delitos de terrorismo contemplados en la ley israelí de 2016 para la lucha contra el terrorismo.
Quienes resulten declarados culpables de genocidio recibirán la pena de muerte.
“Debe existir plena rendición de cuentas por estos horribles ataques, pero eso no puede lograrse mediante juicios que incumplen las normas internacionales”, afirmó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un comunicado.
“Esta ley debe derogarse. De manera inevitable, institucionalizará una justicia parcial y la discriminación contra los palestinos, algo que no beneficia a nadie y contradice el derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó.
En un comunicado enviado a la AFP, la misión diplomática de Israel en Ginebra afirmó que la oficina de Türk debería centrarse en catalogar a Hamás como organización terrorista y “dejar de culpar a Israel por buscar justicia para las víctimas”.
La misión sostuvo que Israel recurrió a un tribunal militar debido a la “naturaleza y magnitud de los delitos”, así como al volumen de pruebas.
“La ley no modifica el derecho penal sustantivo, no crea nuevos delitos ni nuevas penas, no establece responsabilidad penal retroactiva ni impone una pena de muerte obligatoria”, afirmó la misión.
