Para más de nueve millones de cubanos que apenas empiezan a recuperarse del sexto apagón nacional de este año, la discusión sobre si la guerra del gobierno de Trump contra la isla llegará a comenzar tiene algo de abstracción. Desde su perspectiva, hay motivos de sobra para pensar que ya está en marcha.
Durante siete meses, Cuba ha soportado un bloqueo naval de facto, sanciones secundarias exhaustivas contra empresas extranjeras establecidas en la isla y la amenaza de aranceles secundarios para cualquier país dispuesto a suministrarle combustible. El resultado ha sido un golpe extraordinario a una economía que ya funcionaba con márgenes mínimos. Los hospitales consumen sus últimas reservas, los alimentos se echan a perder tanto en los puertos como en los refrigeradores, el transporte se detiene y la mayoría de los cubanos espera que las condiciones sigan deteriorándose antes de que llegue algún alivio.
De ahí que el debate sobre si Cuba será el próximo blanco militar de Trump corra el riesgo de perder de vista lo que ya ocurre. El cerco económico estadounidense castiga indiscriminadamente a la población con una dureza comparable, e incluso superior, a la que podría provocar una operación militar mal concebida. Y lo hace sin haber pasado por la deliberación que una intervención armada exigiría en el Congreso.
En ese contexto, la resolución sobre facultades de guerra pendiente de debate en el Senado puede ser una de las pocas herramientas que todavía conserva el poder legislativo para interrumpir esta catástrofe a cámara lenta. También ofrece la posibilidad de contener las ambiciones de cambio de régimen del gobierno y abrir espacio para una salida negociada, exigente y capaz de producir transformaciones económicas y políticas reales en Cuba.
Los cubanos quieren cambios porque la situación se vuelve cada vez menos soportable, y tienen razones para reclamar aquello que dirigentes de ambos lados del estrecho de la Florida les han negado durante demasiado tiempo., pero una operación militar estadounidense no autorizada, por limitada o selectiva que se presente, difícilmente aceleraría ese proceso. Más bien lo aplazaría y, al mismo tiempo, vulneraría la Constitución de Estados Unidos. Evitarla es, por tanto, una necesidad estratégica, jurídica y humanitaria.
La iniciativa del Senado, promovida por Tim Kaine, demócrata por Virginia; Adam Schiff, demócrata por California; y Ruben Gallego, demócrata por Arizona, responde precisamente a ese riesgo. Se parece a otra resolución que fracasó por un margen estrecho a finales de abril y ofrece un mecanismo razonable para frenar la inclinación del gobierno de Trump hacia una nueva aventura militar, esta vez a escasa distancia del territorio estadounidense.
La experiencia reciente debería bastar como advertencia. El rechazo generado por la guerra en Irán ha mostrado que los estadounidenses no desean embarcarse en otro proyecto costoso, peligroso e impopular de construcción nacional. Una intervención en Cuba pondría en riesgo a las fuerzas estadounidenses, podría desencadenar una grave crisis de refugiados a solo noventa millas de Florida y reforzaría la mentalidad de asedio del régimen cubano. Además, empujaría las relaciones entre ambos países hacia una lógica propia de comienzos del siglo XX.
El problema es que el margen del Congreso puede estar reduciéndose. Según mis fuentes en el Capitolio, la dirigencia demócrata evita presuntamente llevar a votación una medida equivalente en la Cámara de Representantes para no exponer a legisladores vulnerables de Florida antes de las próximas elecciones de mitad de mandato. Si eso es así, la votación pendiente en el Senado podría convertirse en una de las últimas ocasiones para que el Congreso reivindique su autoridad constitucional sobre el uso de la fuerza en nuestro propio hemisferio antes de que esa discusión deje de ser preventiva.
Mientras tanto, el gobierno ha dedicado las últimas semanas a construir un argumento a favor de la acción militar mediante afirmaciones falaces, exageradas o sencillamente ancladas en otra época. Se intenta presentar como necesaria una agresión contra Cuba que, fuera de un pequeño núcleo de exiliados del sur de Florida, pocos estadounidenses parecen reclamar.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha acusado recientemente a Cuba de constituir una amenaza extraordinaria e inminente para la seguridad nacional estadounidense. Esa acusación no apareció aislada. Llegó después de una sucesión de filtraciones anónimas y reportes poco transparentes sobre supuestas bases de inteligencia rusas y chinas, la compra de drones iraníes, el persistente patrocinio del terrorismo internacional y otras amenazas. A ese conjunto se añadió un documento del Departamento de Estado, objeto de fuertes críticas, sobre presuntas operaciones cubanas de influencia dentro de Estados Unidos.
Las señales operativas también se han multiplicado. Washington ha aumentado durante los últimos meses los vuelos de reconocimiento alrededor de Cuba, enviado decenas de nuevos agentes de inteligencia a la isla, preparado planes para un eventual despliegue de la 101.ª División Aerotransportada y presentado una acusación penal contra el expresidente Raúl Castro.
Nada de esto significa que la inteligencia cubana deba ser subestimada. Para las dimensiones del país, sus servicios poseen una capacidad considerable., pero de ahí a aceptar la descripción de Cuba como la superpotencia de espionaje e influencia que plantea Rubio hay un trecho enorme. Durante seis décadas, La Habana no consiguió persuadir a una sola administración estadounidense de poner fin al embargo heredado de la Guerra Fría. Y durante los últimos seis meses tampoco logró convencer a ningún aliado de que “dé la cara por La Habana” y acepte el riesgo de aranceles estadounidenses del treinta por ciento a cambio de enviar a la isla el combustible que necesita desesperadamente.
Incluso si Cuba ha buscado cultivar simpatías dentro de la política, la academia y la sociedad civil estadounidenses, ese tipo de actividad no convierte por sí solo una operación militar no autorizada en una respuesta legítima. Las acusaciones de influencia extranjera se parecen mucho más a un argumento débil para justificar otra guerra por elección que a la descripción de una amenaza urgente y creíble, al menos según la valoración de la comunidad de inteligencia.
La alternativa exige abandonar precisamente esa lógica. En las condiciones actuales, la única vía con alguna posibilidad de producir cambios económicos y políticos verdaderos en Cuba pasa por una solución bilateral negociada que aparte tanto la retórica de guerra como las exigencias maximalistas de cambio de régimen y coloque en primer plano el bienestar de la población cubana.
Para el propio gobierno estadounidense, ese camino tampoco implica renunciar a sus intereses. Si retoma seriamente la diplomacia y actúa dentro de los límites constitucionales que pretende reafirmar la resolución del Senado sobre facultades de guerra, tendrá más posibilidades de proteger sus objetivos comerciales y de seguridad nacional en Cuba.
También podrá evitar que el deterioro de la isla desemboque en una catástrofe humanitaria a las puertas de Estados Unidos. Esa sí podría terminar convirtiéndose en una amenaza real para el país. Y sería una amenaza que, en gran medida, Washington habría ayudado a crear.
