Adam Teva V’Din y la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel sostienen que el plan dejaría intactas cercas, muros y portones cerrados que fueron instalados de forma ilegal en distintos puntos del litoral. Según ambas entidades, la iniciativa convertiría en permanentes obstáculos que durante años estuvieron en el centro de esfuerzos de fiscalización para reabrir el acceso a la ribera.
La segunda etapa del proyecto examina 32 kilómetros del trazado peatonal. Dentro de ese segmento, el Consejo Nacional de Planificación plantea mantener restricciones y desvíos en unos cuatro kilómetros. La propuesta contempla horarios de acceso limitados y recorridos alternativos en sectores donde hoy existen cierres.
Yael Dori, jefa de planificación de Adam Teva V’Din, advirtió que algunos de esos desvíos obligarían a los caminantes a alejarse más de 50 metros de la línea de costa y a avanzar junto a carreteras interurbanas muy transitadas, sin vista al agua. “En lugar de insistir [en el acceso público, los planificadores] llegaron a una solución que no es una solución”, dijo.
Los tramos en discusión atraviesan cuatro propiedades de la iglesia y un albergue para peregrinos, además de cuatro complejos turísticos de kibutz en Ein Gev, Ma’agan, Ha’On y Ginosar. También abarcan parques nacionales y reservas naturales gestionados por la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel, así como varias playas públicas.
“Ahora lo llaman un sendero ‘regulado’ (autorizado). Es cierto que la gente ha vivido en algunos de estos lugares durante décadas y no quiere extraños en sus patios traseros. Pero algunos de los edificios cerca del agua son ilegales, y ahora [los propietarios] se están quejando”, afirmó Dori.
Como alternativa, Dori citó el caso de una cerca baja en el kibutz Ein Gev que separa el área residencial del recorrido para caminantes. A su juicio, barreras de ese tipo, o incluso señalización y vegetación, bastarían para evitar intrusiones por parte de la mayoría de los visitantes sin clausurar el paso público. También sostuvo que la ley debe aplicarse contra quienes invaden propiedades privadas y recordó que, en numerosos casos, lo que fue cercado era suelo público.
La dirigente agregó que la decisión de no intervenir en terrenos de la iglesia respondió a criterios políticos y subrayó que esas instituciones también levantaron cercas y edificaciones de manera ilegal. Sobre los clubes deportivos, planteó una solución con dos cercas paralelas al lago y portones en ambos extremos para permitir el movimiento de embarcaciones sin interrumpir el sendero.
La Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel afirmó en un comunicado: “Este es un plan que comenzó como una iniciativa del Ministerio de Protección Ambiental, la Autoridad de Naturaleza y Parques y la Sociedad para la Protección de la Naturaleza, que en su versión actual se está convirtiendo en un documento que legitima los bloqueos existentes en lugar de eliminarlos”.
En un documento de posición, Assaf Zanzuri, coordinador de política de planificación de esa organización, escribió que impedir el acceso del público al mar de Galilea es tan inaceptable como cercar playas del Mediterráneo para mantener alejados a los ciudadanos.
La entidad pidió al Consejo Nacional de Planificación suspender la discusión y devolver el proyecto a un comité especial de expertos para garantizar el derecho de acceso público. Adam Teva V’Din, por su parte, amenazó con acudir a la Justicia.
Dori aseguró que ninguna de las propuestas de su organización había sido aceptada hasta ahora y sostuvo que una reciente resolución del Comité para la Protección de los Entornos Costeros “empeorado las cosas”. Como ejemplo, mencionó que el kibutz Ginosar recibió autorización para un desvío pese a que el paso por ese sector permanece actualmente abierto.
También alertó sobre el efecto de esos precedentes en la discusión futura del último tramo del proyecto, de nueve kilómetros, que atraviesa la ciudad de Tiberíades.
La Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel expresó en un comunicado su respaldo a la apertura de las playas del mar de Galilea al tránsito público, con “soluciones creativas y equilibrios” en puntos específicos y casos excepcionales donde la apertura resulte compleja.
Sin embargo, tras la decisión adoptada el miércoles por el Comité para la Protección del Entorno Costero de añadir un desvío y segmentos de acceso controlado que podrían dejarse sin efecto más adelante, la autoridad concluyó que el plan “no había alcanzado el punto de equilibrio”.
La disputa remite a un informe severo del contralor del Estado publicado en 2005, en el que se señalaba que, pese a que la mayor parte del litoral del mar de Galilea era tierra pública destinada al uso de la población, se habían instalado cerca de 100 cercas perpendiculares a la línea de agua y casi todas las playas estaban cerradas ilegalmente.
El sendero circular obtuvo una aprobación general de planificación en 2007. Desde entonces, se autorizó el acceso público a 32 kilómetros de tramos no controvertidos y se construyeron alrededor de siete kilómetros del recorrido.
