Estados Unidos promovió en enero el acceso a internet satelital en Irán mediante Starlink, con el objetivo de mantener las comunicaciones de los manifestantes durante el apagón digital que acompañó la represión. El presidente Donald Trump declaró que planeaba hablar con Elon Musk para “restaurar internet” en el país. Al mismo tiempo, usuarios dentro de Irán informaron conexiones intermitentes pese a la prohibición oficial.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre con reclamos por el deterioro económico y la caída de la moneda. Posteriormente, se transformaron en movilizaciones contra el liderazgo religioso. El 8 de enero, las autoridades iraníes aplicaron un corte casi total de internet y telefonía para impedir la circulación de imágenes y reducir la coordinación en las calles, según los reportes disponibles.
La plataforma NetBlocks registró que la conectividad no satelital descendió a cerca de 1% del nivel habitual en los días posteriores al inicio del apagón. Sin embargo, algunos usuarios indicaron que Starlink siguió operativo de manera irregular en distintas ciudades y en zonas fronterizas. Washington asoció su presión pública sobre Teherán con la protección de los manifestantes y con la posibilidad de respuestas de mayor alcance.
Starlink como vía de conectividad durante el apagón digital
Ante periodistas, Trump afirmó: “Él es muy bueno en ese tipo de cosas, tiene una muy buena compañía”, al referirse a Musk y a la capacidad de Starlink para mantener conectividad pese a cortes ordenados por un Estado. En la misma serie de declaraciones, también señaló que evaluaba “opciones muy fuertes” si Irán incrementaba el uso de la fuerza contra las protestas. Por su parte, Teherán denunció injerencia externa.
Starlink opera con miles de satélites en órbita baja que se conectan de forma directa con terminales en tierra, lo que dificulta la interrupción del servicio en comparación con redes basadas en fibra óptica y torres celulares. Especialistas y activistas describieron una fase diferente en la respuesta iraní, con interferencias electrónicas, bloqueos de señal y suplantación de GPS, medidas que redujeron la calidad del enlace entre los terminales y la constelación.
Un investigador que revisó datos desde un terminal dentro del país describió el resultado operativo con esta formulación: “Quizá puedas enviar mensajes de texto, pero no resulta viable realizar videollamadas”. En términos operativos, el aporte a la protesta se concentró en la salida de material audiovisual y de testimonios. Una investigadora de Amnistía Internacional declaró que su organización verificó decenas de videos de heridos y muertos, y que consideró que casi todos procedían de personas con acceso a Starlink.
La misma fuente señaló que las restricciones de comunicaciones limitaron el contacto con fuentes dentro de Irán. En paralelo, la organización tecnológica Holistic Resilience, con sede en Estados Unidos, indicó que ayudó a entregar terminales a iraníes y que colaboró con SpaceX para monitorear intentos de interferencia. La entidad estimó que decenas de miles de equipos pudieron ingresar de contrabando, aunque no precisó cuántos se mantuvieron operativos.
Teherán endurece sanciones y aplica interferencia contra Starlink
Teherán trató el asunto como un tema de seguridad nacional. El canciller Abbas Araqchi explicó que el gobierno cortó internet “después de que enfrentamos operaciones terroristas y comprendimos que las órdenes llegaban desde fuera del país”. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió: “Que quede claro: en caso de un ataque contra Irán, todos los barcos y bases de Estados Unidos serán nuestro objetivo legítimo”.
Después de la guerra de 12 días con Israel en junio de 2025, el Parlamento iraní aprobó una ley que endureció las sanciones por el uso y la distribución de Starlink. Además, el gobierno llevó el tema ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones para solicitar bloqueos desde los países donde el sistema figura registrado. Dentro de esa línea de acción, continuaron las medidas de control sobre vías alternativas de conectividad.
La magnitud de la represión siguió en disputa debido a la ausencia de un balance oficial integral y a las restricciones informativas. HRANA verificó a mediados de enero 490 muertos entre manifestantes y 48 entre personal de seguridad, además de más de 10.600 detenidos en dos semanas. Días después, un funcionario iraní afirmó que las autoridades verificaron al menos 5.000 muertos, incluidos unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad, y sostuvo que “el recuento final no debería aumentar de forma pronunciada”.
